“UNA CUALIDAD DE LA JUSTICIA ES HACERLA PRONTO Y SIN DILACIONES; HACERLA ESPERAR ES INJUSTICIA”
Por Comunicación Social publicado 2019-06-24
POR LIDIA ARGÜELLO ACOSTA
La inseguridad pública que el día de hoy padecemos, es multifactorial, debido en primera instancia, a la falta de valores en la niñez y juventud, como consecuencia de la salida de los padres del hogar al trabajo, al tener que tratar de subsistir con el salario mínimo, dejando la educación a los abuelos, maestros, en el mejor de los casos; en segundo a la colusión de la delincuencia del fuero común con la delincuencia del crimen organizado; una parte importante también lo es, que la prevención del delito se ha dejado de atender, sin tomar en consideración que la prevención en la seguridad pública es un derecho humano, que es el medio para lograr la satisfacción de otros derechos y libertades básicas de las personas
Paralelamente, a los altos niveles de violencia en nuestro país, existen también altos índices de marginación y pobreza, casi el 66 % de la población se encuentran en marginación y pobreza, es decir no tienen acceso a la educación superior, sus carencias en salud y esperanza de vida, es por ello que resulta inevitable la correlación entre delito y pobreza.
Según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas del 2014, el 85.9 de las perso nas en prisión, un mes antes tenían trabajo de baja calidad, y con el dato casi en común no haber superado 12 años de escolaridad, es decir, estudiaron hasta la educación básica (secundaria).
La seguridad pública es una función exclusiva a cargo de la Federación, es decir, del Presidente de la República, a los gobernadores(estados) y alcaldes(municipios), les corresponde la prevención de los delitos.
La seguridad pública comparte la naturaleza de los derechos sociales pues su fin no se limita a la lucha contra la delincuen cia sino que hay que crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.
De acuerdo con las Naciones Unidas, la prevención del delito como parte de la seguridad pública debe de aplicarse de manera efectiva con coordinación entre los distintos órdenes de gobierno donde las comunidades más pequeñas dispongan de efectivos policiacos, compaginadas con políticas sociales de inclusión, sobre todo laborales, respuestas policiacas diferenciadas, dependo de la realidad del espacio local y con la participación activa de la comunidad.
Así en su informe para 2016, del grupo Multidisciplinario World Justice Projet, ubica a México en el lugar 88 de 113, respecto de la vigencia del estado de derecho y en Latinoamérica lo pone en el lugar 24 de 30.
En el informe de la Comisión de Derechos Humanos en 2016, señala que, las autoridades más señaladas como violatorias de derechos y libertades han sido la Comisión Nacional de Seguridad con 51 denuncias; la entonces PGR con 27 denuncias y la SEDENA con 18.
De ello, es indispensable la articulación de los modelos preventivos del delito como forma de anticiparse eficazmente a la gestación de la violencia, pero sobre todo el trabajo de colaboración entre autoridades y ciudadanos.
No obstante ello, y a pesar de que, la violencia se ha incrementado exponencialmente no solo en el estado sino en el país, la Presidencia de la República, responsable de la seguridad, en el Plan Nacional de Desarrollo, solo le mereció unos párrafos la exigencia de seguridad, ya que, al plasmar “Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades:
a.)- restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales;
b.)- recuperación del principio de reinserción social; fin de la “guerra contra las drogas” y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones;
c.)- impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por el Senado de la República, establece los siguientes objetivos:
- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia,
2.- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar
- Pleno respeto a los derechos humanos
- Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad.
- Reformular el combate a las drogas.
- Emprender la construcción de la paz.
- Recuperación y dignificación de las cárceles.
- Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz.
- Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas
- Establecer la Guardia Nacional.
Si bien es cierto, son buenas intenciones que en eso quedan, si pretende el ejecutivo quitar prohibiciones en materia de seguridad pública que van desde no detenciones, la legalización de la marihuana, que abriría la puerta para la legalización de drogas sintéticas, que son las más letales en los consumidores, ello aunado a que la Guardia Nacional carece de un espectro normativo, el cual retrasara su conformación y accionar aproximadamente en 10 años, de acuerdo a personas encargadas de la puesta en marcha
Concibe el Gobierno Federal que la prohibición al uso de ciertas drogas, (“La “guerra contra las drogas”) debe de traer aparejado por el problema de salud pública hasta convertirlo en una crisis, la renuncia del Estado a su combate, y dedicarse a mantener el control de quienes ya las padecen, mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica, lo que aparejado puede generar en una crisis de seguridad pública, lo anterior con el argumento que la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas, reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU, espectro que desde mi punto de vista habría que revisar dado que renunciar el Estado al combate de las drogas por el solo hecho de darle “seguimiento personalizado” es renunciar a que el resto de los ciudadanos tengan una seguridad pública, porque al no combatir los cárteles estarán en las calles ofreciendo su “mercancía”
No obstante, la llamada nueva estrategia de seguridad pública de este gobierno, el índice delictivo sigue en aumento, en San Luis Potosí, en el primer cuatrimestre del año 2019, tenemos de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hay 16,343 denuncias; 310 homicidios, 154 homicidios dolosos; 1663 denuncias por lesiones; 8 Feminicidios; 13 secuestros; 194 violaciones; 5,127 robos; y un delito que nos manifiesta la descomposición que tenemos como sociedad, es el de violencia familiar que alcanzamos las 2,405 denuncias.
Hoy, como estado, estamos en los tres primeros lugares, de violencia, no logramos salir de los primeros cinco lugares en violación.
Los tres niveles de gobierno tienen como obligación coordinarse en bien de los ciudadanos, con la prevención de los delitos, ya que, aumenta la justicia por su propia mano de los ciudadanos y ello es ante el vacío de las autoridades.
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