¿DEMOCRACIA CUESTIONADA?
Por Comunicación Social publicado 2019-12-21
POR: NEREIDA CERVANTES FACUNDO
Me gustaría iniciar con las palabras del Filósofo Enrique Dusell, que me parece que es una buena manera de explicar en sencillas palabras lo que actualmente estamos observando en nuestro continente: “El poder político no es dominación, es obediencia a las exigencias que el pueblo pide al político y que este debe responder, entonces hay que escuchar primero”. “Es escuchar al otro, debe escuchar al pueblo porque el pueblo es la sede del poder, no el Estado; el Estado no tiene soberanía, la tiene el pueblo”.
Partiendo de esta premisa, dicha aseveración la podemos entender desde las teorías iniciales del contrato social, desarrolladas en el siglo XVl, para justificar el origen y el propósito del Estado, que implica la intervención de sus órganos en asuntos determinados, es decir, qué es lo que debe estar sometido a control gubernamental.
En este sentido, entender un régimen político democrático, implica al menos desde la cultura occidental, que cumpla con ciertos elementos, como por ejemplo elecciones libres, competitivas y en condiciones de igualdad ciudadana, un Estado de Derecho y un sistema de equilibrios, un régimen de libertades públicas (pensamiento, organización, movilización, petición) y finalmente un orden social orientado a la justicia que garantice el acceso a derechos fundamentales. De esta manera, el pluralismo, la diversidad, la tolerancia, la participación, el respeto y reconocimiento al otro, la libre determinación o autonomía, son principios que deben ser garantizadas por el Estado.
Sin embargo, actualmente la democracia no es más que una expresión de la lucha política entre diversos actores que integran un sistema político y social mundializado, los cuales sin lugar a dudas condicionan con sus demandas, acciones y omisiones el resultado de la estructura y funcionamiento del orden político democrático, con sus inevitables consecuencias como la desigualdad y tensiones sociales.
En Latinoamérica, la tensión que se ha venido presentando en la última década ha tenido diversas aristas, que se presentan entre las cuestiones referidas al individuo y aquellas asociadas a intereses más colectivos, por ello las críticas que se pueden originar al régimen democrático provengan igualmente de conservadores y revolucionarios, de izquierda y derecha, de liberales y mercantilistas, guerrilleros y militares, que traen aparejadas al fin y al cabo, concepciones éticas diferenciadas.
Quizá, lo importante de dar sentido a la democracia es que permite ubicar con claridad las competencias y legitimar a los respectivos actores que representan y que les corresponde el tratamiento y la resolución de las cuestiones de fondo planteadas en la vida social, económica y cultural de cada país.
La recepción de demandas por parte de la población supone respuestas viables, esto nos lleva a pensar que la separación entre democracia y satisfacción de las expectativas de la población tiene implicaciones, como por ejemplo, el proceso deslegitimador que sigue a tal separación, lo que al curso del tiempo inevitablemente desemboca en una crisis de gobernabilidad y abre espacios a formas autoritarias de ejercicio del poder público, bajo el espejismo de una supuesta eficacia y un orden aparentemente estable.
Por su parte, los Organismos Internacionales como la CEPAL, ya desde hace más de una década, daban cuenta del creciente alejamiento de los sectores medios respecto de los servicios sociales, dada la privatización de la educación y la salud y su encarecimiento, entre otros fenómenos, vinculados a la revelación contundente de que la falta de dinamismo y la vulnerabilidad de las economías frente a los nuevos escenarios de la globalización, así como las deudas del Estado en materia de equidad y sus efectos sobre la desigualdad distributiva, ponen cada vez más en riesgo la cohesión social y la estabilidad política en la región (CEPAL …[et al], 2007).
Bajo este contexto, encontramos que en las últimas semanas se ha venido vislumbrando, un panorama que da cuenta a lo que ya se había pronosticado años atrás, los enfrentamientos en Bolivia, por acusaciones de fraude electoral, o en Chile por factores de desigualdad, Ecuador por la eliminación de los subsidios a los combustibles, en Haití por la escasez de gasolina y alimentos o cuestionamientos a los dirigentes de los países por sus actuaciones, como los casos del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que ha enfrentado manifestaciones que exigen su renuncia ante el juicio por narcotráfico a su hermano en Estados Unidos, mientras el mandatario peruano, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso en el marco de una larga crisis política por casos de corrupción.
De lo anteriormente reseñado, podemos entender que las diversas protestas y crisis políticas, están dirigidas a visibilizar las carencias de los diversos grupos, sin importar la tendencia política del gobierno en turno.
Ante este panorama, a nivel internacional también se ha notado una creciente preocupación por encontrar soluciones y lograr, un cierto consenso, partiendo de la base de iniciar los debates políticos y académicos en la forma de cómo entender la democracia actual, la garantía de los derechos fundamentales y en general de las políticas públicas como parte de las obligaciones del Estado para el cumplimiento efectivo de los derechos asociados a la existencia de una ciudadanía social, en términos de acceso a activos, ingresos y muy especialmente, de servicios, en particular lo que conocemos como DESC.
En este sentido, los rasgos esenciales de la vida política democrática, muestran que el marco institucional de actuación para lograr la vigencia de los derechos humanos es precisamente la democracia.
La literatura especializada, que plantea una visión de Estado con enfoque de derechos, coincide en reconocer que los principios sobre los que se fundan las nuevas políticas públicas, deben incluir la universalidad, incluyen la exigibilidad, la participación social, la integralidad y la progresividad.
El enfoque en derechos, es también un criterio ético toda vez que constituye una forma particular de asumir el papel del Estado y una forma de accionar y movilizar la maquinaria y el poder estatal para lograr el desarrollo. Dicho modelo de desarrollo responde al de expansión de capacidades o libertades propuesta por Amaryta Sen, que se formuló en el informe del PNUD de 1994, el mismo que difiere del enfoque de necesidades radicales o básicas (needs-based approach) y del enfoque utilitarista (cost-based analysis) en los criterios para adoptar decisiones de política pública. ( Alzo, 2014:55)
Asimismo, el investigador Alza Barco, señala que el enfoque de derechos da también la posibilidad de superar los análisis meramente utilitarios que focalizan la atención allí donde los recursos llegan a mayor población, aun cuando los problemas sean menos serios; o la mera búsqueda de impacto cuantitativo, que suele llevar a decisiones más tendentes a intereses electorales.
De esta manera da prioridad a la asignación de recursos a aquellos tipos de violación de derechos más severos aunque sólo sean afectados un pequeño número de personas, sin perjuicio de atender aquellos menos graves que afectan a un gran número de personas. Sin duda, la exigencia de atención es aún mayor cuanto más integral. La persona humana deja de ser aquí un consumidor o usuario, para pasar a ser un ciudadano que se apropia, exige y realiza sus derechos. (Alzo, 2014).
Desde este punto de vista, la existencia de un nuevo espacio público se expresa en lo siguiente:
- a) Arreglos institucionalizados de participación deliberativa sobre las decisiones públicas y sus resultados, que se traduzcan en incidencia y exigibilidad sobre los derechos instituidos.
- b) Gestión de la información y comunicación con la ciudadanía, para asegurar exigibilidad e incidencia.
- c) Arreglos de co-producción público-privada, que creen sentido de comunidad y responsabilidad social.
- d) Valores de los directivos públicos consistentes con la construcción de ciudadanía (Compromiso Social – Corresponsabilidad – Regulación Social – Deliberación…).
Para concluir, me parece importante destacar que tanto el individuo, las instituciones y la cultura, deben de combinarse de manera coherente para armonizar precisamente el equilibrio entre la persona humana, la sociedad, el Estado y la Naturaleza, lo cual hace que la democracia como sistema político por fundamento, finalidad y función, brinde la red institucional que permita el desarrollo y estilo de gobernanza que garantice el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, lo que a mi juicio la presente administración debería de cuestionarse si realmente está existiendo una efectiva relación entre el ejercicio de poder y las exigencias sociales.
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