COLOMBIA: MANIFESTACIONES SOCIALES, DETONANTES Y GARANTÍAS
Por Comunicación Social publicado 2020-03-10
POR: EVELIN MONTOYA
El año 2019, especialmente su segunda mitad, significó en Latinoamérica el despertar de una democracia que se encontraba somnolienta. Esta democracia se avivó a través de sociedades inconformes con las decisiones de sus respectivos gobiernos, por la carencia de empatía de aquellos mandatarios que no lograron acatar la razón por la cual fueron elegidos, que distorsionaron su papel en los escenarios de poder sin percatarse de que las realidades que dirigen son aún más complejas de lo que su miopía social les permite observar.
La participación democrática implica responsabilidades más allá de la elección de dignatarios, ésta también implica control al ejercicio de sus funciones. Las irregularidades de un Estado contienen cargas compartidas, sus causas y consecuencias no recaen solamente en los hombros de los mandatarios; los mandantes, es decir la ciudadanía, también tienen injerencia sobre sus propios destinos y es imperativa su participación.
Esa es precisamente una característica bonita de las democracias: el asunto de la corresponsabilidad, el asumir las consecuencias de las propias decisiones cuando se vuelven agregadas e influyen en la vida de toda una nación. En este sentido, tomo distancia de las posturas que se encargan de señalar a un gobierno nacional como culpable de los infortunios públicos, y por el contrario, simpatizo con las que son conscientes de que un Estado funciona bidireccionalmente, aquellas que aceptan que tanto quien dirige como quien eligió esa dirigencia desempeñan papeles indispensables para el funcionamiento armónico de todo un país.
Existen tres elementos en común, que a mi parecer, se mezclan con las condiciones reales en las que se enmarcan las protestas actualmente, estos las hacen diferentes, más latentes y complejas que las registradas en siglos precedentes, entre dichos elementos se puede observar una evolución en cuanto a detonantes y garantías: internet, una clase media creciente, mayor cantidad de población juvenil. Existen elementos adicionales a los mencionados, sin embargo observar la naturaleza de las protestas a la luz de tales características permite abrir un debate amplio para su análisis.
Internet se ha consolidado como un legítimo protector de la democracia, esta herramienta ha formado a los primeros ciudadanos globales en la historia de la humanidad, quienes han desvanecido su idea de lo internacional para consolidar la de lo global, por lo tanto lo que sucede en un Estado ya no se queda en ese Estado, en cuestión de segundos es un asunto global y esto ya es una garantía. Es una garantía porque se visibilizan ante el mundo entero los abusos e injusticias que ocurran en medio de las protestas y las ponen bajo la mira de las organizaciones supranacionales, ONG y la comunidad internacional en general. También los efectos positivos de una manifestación social se pueden replicar e incentivar, aunque las realidades sean diferentes es innegable el efecto dominó que ellas tuvieron para América Latina a lo largo del tiempo.
El aumento de la clase media permite, a su vez, que más personas tengan acceso a la tecnología y a las comunicaciones, así, entre otras cosas, se forma un agregado de ciudadanos más activos y atentos a la convocatoria social; un contenido personal digitalizado es público y masificado. Su crecimiento contribuye al incremento de demandas sociales más exigentes con mayor capacidad de influencia. Es una clase que consume más, es más inconforme y exige más. Además es un nivel social con personas nuevas que temen volver a su condición de pobreza y este factor alimenta los reclamos al Estado.
Al paso de las generaciones, se ha visto como la población juvenil ha ido incrementando. En América Latina, si a una concentración cada vez más grande de población joven que demanda desarrollo -a sabiendas de la situación de cada país- no se le satisface sus necesidades básicas y libertades es más vulnerable a caer en la violencia, los disturbios y el extremismo. Por su activismo y visión de progreso los jóvenes han sido unos de los detonantes protagonistas en los movimientos sociales, ellos no se sienten la generación pos algo, los jóvenes de hoy en día son la generación pre algo y exigen cambios que se acomoden a su época, son personas cuya existencia está permeada de liberalismo y la incertidumbre que los inquieta les hace tomar medidas para apaciguarla, observan en el Estado uno de los principales verdugos de su libertad.
Al observar en un caso particular como el de Colombia y hacer un contraste entre el pasado y la actualidad, se pueden ver plasmados dichos elementos que son a la vez tanto detonantes como garantistas.
Viene a mi cabeza, entonces, realizar un recorrido general por un hecho en el cual se evidencia la mutación de las protestas en Colombia en contraste con el paro nacional que se llevó cabo el 21 de noviembre de 2019 y las marchas que le siguieron, La Masacre de las Bananeras que se tuvo ocasión entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928.
Para empezar, en esa fecha Colombia era un país en gran porción rural, con una población mayoritariamente de clase baja y claramente no existía internet. La carta de navegación era la Constitución Política de 1886, algo menos garantista que la actualizada Constitución de 1991. En este contexto se desarrolló una de las masacres más dolorosas del país. La matanza fue el desenlace de las protestas de los trabajadores de la multinacional estadounidense instalada en Colombia, United Fruit Company, en Ciénaga, Magdalena.
El 11 de noviembre de ese año 5.000 trabajadores se congregaron frente al edificio de la gobernación de Santa Marta (capital de Magdalena) para protestar de manera pacífica por los abusos a los trabajadores por parte de la compañía; no exigían algo del otro mundo: buenos tratos, pagos justos, honorarios nocturnos y dominicales, vacaciones e incapacidades por enfermedad. La fatiga de ser ignorados los llevó a realizar una huelga general a partir del día siguiente.
El Gobierno Nacional, preocupado por las implicaciones que dicha situación significaba para la economía del país y sus relaciones con EE.UU, comenzó a trabajar en las medidas para frenarla, así que militarizó la zona en la que se llevaba a cabo la huelga. Desde ese día, hasta el 5 de diciembre, se trató de llegar a un acuerdo entre la Gobernación de Magdalena y el Gobierno Nacional para buscar una salida negociada, pero al Gobierno le pesaron más los 30.000cop (aproximadamente 4.340usd en ese año) que a causa de la huelga estaba perdiendo la United Fruit Company por día, que obligar a esa compañía a subsanar las condiciones sociales injustas en las que se encontraban sus obreros.
De manera que ese 5 de diciembre a las 8:00pm se declaró estado de sitio y se expidieron tres decretos que, en primer lugar, obligaba a que se disolviera toda reunión mayor de tres individuos; en segundo lugar, se dispuso a ordenar fuego sobre la multitud si fuese el caso; y, por último, declarar a los protestantes como malhechores, revoltosos e incendiarios.
Transcurrió la noche. Los 3.000 huelguistas que se encontraban en la plaza pública de Ciénaga hicieron caso omiso a los mandatos de dichos decretos y permanecieron en protesta, hasta que a las 6:00am del 6 de diciembre ocurrió el doloroso desenlace. La multitud vociferaba su protesta y el capitán al mando les ordenó dispersarse, aseguró que en caso de no hacerlo ordenaría disparar.
Los trabajadores se negaron a obedecer, y el capitán cumplió su amenaza. ¡fuego! y al cabo de unos segundos la plaza era todo un tendido de cadáveres y huelguistas heridos. Las cifras oficiales datan de 13 muertos y 19 heridos; las reales aseguran más de 1.000 muertos. Esta tragedia pasó prácticamente inadvertida a nivel nacional, tanto así que en febrero se celebraron los carnavales de la región, el país sólo conoció este genocidio hasta agosto cuando Gaitán, un congresista que se oponía al Gobierno, lo debatió.
No hubo internet para globalizar la protesta, la comunidad internacional no se enteró en el momento; los huelguistas no eran jóvenes estudiantes solicitando más presupuesto para educación; pertenecían a una clase baja que al fin de cuentas no tenían nada qué perder porque eran los más expuestos al Estado y vulnerables ante las decisiones del Gobierno Nacional, ellos simplemente demandaban mejores condiciones laborales para subsistir dignamente. Estaban solos a merced del Estado, su protesta era social y pacífica, con fundamentos pero sin garantías.
Condiciones diferentes de las manifestaciones desarrolladas desde el 21 de noviembre del 2019 en Colombia, donde internet, la clase media y la población juvenil llevaban el timón de la situación. Fueron unas protestas de oposición, no de contribución.
Para empezar, las demandas de los marchantes no tuvieron un hilo conductor claro, su mensaje fue disperso y sin liderazgos sobresalientes. Para dar inicio al paro, los estudiantes, grupos indígenas y centrales obreras, aseguraron que protestaban para que no prosperaran dos reformas, que ni siquiera estaban formalmente en la agenda legislativa del país: una reforma pensional y una laboral; también demandaban más presupuesto para la educación a sabiendas de que el destinado en la actualidad ha sido el más alto en la historia del país, 44,1 billones de pesos colombianos (13.551.169.146,67 USD).
En términos generales el país se hallaba estable y las protestas parecieron ser más bien un “copiar y pegar” de las manifestaciones que se venían dando en otros Estados del continente. Este estallido social tomó ventaja a partir de algunas coincidentes circunstancias: la muerte violenta de líderes sociales y un bombardeo del Ejercito Nacional, el 5 de noviembre en Caquetá, contra un grupo de disidentes de las FARC-EP en el que murieron 8 menores de edad. Además, en medio de las protestas, se dio a conocer la muerte de un joven estudiante a manos del ESMAD (policía antimotines de Colombia) lo cual intensificó el ambiente de descontento social.
Este paro nacional, al contrario de la huelga de los trabajadores de las bananeras, poseyó todas las garantías que la tecnología, la Constitución Política de 1991 y las condiciones de la actualidad le pudieron ofrecer; sin embargo, las peticiones quedaron dispersas y sin una causa nítida, la única intención que quedó clara fue la manifestación de inconformidad en contra del Gobierno del actual presidente Iván Duque.
Lo que sucede, es un pugilato de facciones que han venido dividiendo al país desde la firma de los Acuerdos de Paz con la ex guerrilla FARC-EP; Colombia se ha ido convirtiendo, poco a poco y sin que la gente lo perciba, en un país cuya sociedad es pro-gobierno, apática u oposición pero sin criterios valiosos para tomar una postura. De manera que estamos frente a una masificación de opiniones con argumentos acomodados que obedecen, en parte, al papel que juegan las redes sociales.
Lo cierto de todo es que en los hechos ocurridos en medio de las protestas no hay diferencia entre un movimiento ciudadano y uno político, la línea diferencial se desdibuja. Las marchas han reflejado más bien una crisis en la gobernabilidad que una verdadera manifestación por la insatisfacción de necesidades y la demanda por resolverlas.
El paro nacional visibilizó cierto mecenazgo al que la sociedad colombiana está acostumbrada y el miedo de una clase media que salió de la pobreza a volver a ella, miedo alimentado por la opinión sin análisis e irresponsable de varios medios de comunicación y usuarios de redes sociales influenciados por alguna de las inclinaciones populistas que se disputan su hegemonía en el país. No se puede negar la existencia de una ineficiente redistribución de ingresos, ni los gastos burocráticos innecesarios que desembocan en corrupción, pero la democracia, economía y libertades de Colombia no estaban estancadas; existían problemas que, como función del Estado se estaba tratando.
Ha sido un paro nacional polémico, un paro que no refleja en su totalidad la realidad social del país, fue más bien la refracción de su situación política. Puede parecer contradictorio, pero un punto a favor de la ola de protestas que se desarrollaron en Colombia fue la multitudinaria convocatoria que hubo, la cual dio una percepción de unidad y hermandad, lastimosamente una inmensa cantidad de personas que salieron a las calles ni siquiera sabían por qué lo hacían.
Las protestas no deben ser el primer mecanismo de presión para que el Gobierno tome buenas decisiones o subsane las que ha tomado mal, la participación democrática por parte de la sociedad se necesita plenamente, debe ser constructiva e incontaminada de intereses partidistas o particulares.
Si se asumen las responsabilidades que cada rol implica, es posible asegurar que las protestas y las manifestaciones públicas que se han intensificado en toda América Latina no carecen de sentido, porque sería incoherente, y más para una región como ésta, que tales procesos sean el recurso de emergencia sin antes haber agotado las demás opciones democráticas de participación, elección y control.
No basta con manifestarse en contra de algo, las manifestaciones deben ser propositivas para que valgan la pena, y las propuestas de las que van cargadas deben estar, indudablemente, en coherencia con las realidades y contextos según sus demandas.
Cada agregado de ciudadanos que ha salido a marchar en los diferentes países del continente tiene definidas intenciones en defensa de sus intereses y satisfacción de necesidades, cada manifestación ciudadana ha tenido algún detonante que llevó la paciencia de las personas al tope y les hizo movilizar, esto es democracia siempre y cuando su valor sea, repito, propositivo.
Dicho esto, cabe reconocer que cada particularidad de las protestas sociales es válida e importante para los destinos democráticos, pero los ciudadanos no deben olvidar su carga en la responsabilidad del asunto frente al que se manifiestan. Mi posición siempre será, concordando con la del profesor argentino, José Emilio Graglia, la de que los ciudadanos son los primeros destinatarios, pero también los partícipes necesarios de las decisiones públicas, tal como bien lo expresa Friedman (2010)
La gente tiene una idea equivocada de desarrollo: piensa que su país es pobre y que los gobernantes, o cualquier otro grupo, son ricos, pero no porque haya fracasado y no haya sabido promover la educación, la innovación, el Estado de derecho y es espíritu emprendedor, sino sólo porque alguien está robando el dinero (…) y privando al pueblo de lo que es suyo. Muchas veces la gente tiene razón, alguien está robando, y entonces esa gente empieza a pensar que para ser prósperos lo que tienen que hacer es frenar a los que están robando, no construir una sociedad, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de una mejor educación, de un Estado de derecho, de innovación y empresas sanas.
Así las cosas, está clara la parte de responsabilidad de la sociedad civil respecto a las realidades de un Estado; que insisto, no se trata de culpables, sino, de responsables, la democracia cambia conforme las sociedades cambian. Ante todo, en una democracia, nuestra primera empresa es ser ciudadanos.
REFERENCIAS
Friedman, T. (2010). Caliente, Plana y Abarrotada. (N. Petit & A. Carantoña, trads.). Barcelona : Editorial Planeta.
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