ORGANISMOS ELECTORALES. EL PRIMER FRENTE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Por POR: MANUEL ALEJANDRO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ publicado 2020-09-04
“Para el populista es importante destruir el concepto de gobierno limitado e instalar la idea que el voto mayoritario da derecho a violar los derechos individuales de sectores minoritarios“.
Roberto Cachanosky.
Introducción.
En su libro, Cómo mueren las democracias los politólogos Levitsky y Ziblatt refieren que en la actualidad, los golpes de estado no son orquestados a través de las armas ni la revuelta social encabezada por militares, sino que se ejecutan de manera sistematizada por presidentes que, una vez electos y en ejercicio del poder, subvierten el mismo sistema por el que accedieron al cargo. [1]
Apenas 30 años después de los primeros esfuerzos por buscar la autonomía y ciudadanización de los órganos encargados de celebrar las elecciones, hoy acudimos a la prueba de fuego del Instituto Nacional Electoral, el INE: la denominada cuarta transformación ha dejado en claro la animadversión hacia el organismo que, apenas hace dos años, llevó a cabo las elecciones más transparentes de la historia del país.
Día con día presenciamos el embate que, desde la presidencia de la república, se orquesta en contra del organismo electoral en una franca guerra sucia que busca desacreditar no a los consejeros electorales – a quienes de manera personal se señala por presuntas faltas cometidas en su desempeño – sino a la institución misma.
En ese contexto y en vísperas de un proceso electoral que se prevé accidentado tanto por las condiciones políticas y socioeconómicas del país, como la actual contingencia sanitaria derivada del COVID-19, el andamiaje electoral pareciera pender de un hilo, en franco atentado contra la incipiente democracia que había asumido el estado mexicano.
DE CACEROLAS Y CONQUISTAS.
La elección presidencial de 1988 marcó un precedente en el sistema electoral de nuestro país. Como lo refiere Navarrete Vela,[2] la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, PRI, venia mermando a raíz de las reformas de 1977 que habían otorgado a los partidos minoritarios diversas prerrogativas, amén de despresurizar el descontento social que se mantenía latente desde la década de los sesentas.
Esta situación, aunada al entorno del culmen de la denominada guerra fría y la consecuente firma del Tratado de Libre Comercio influyeron para que el estado Mexicano, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, suscribiera diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que incluían, por supuesto, los derechos políticos electorales.[3]
Así, el fortalecimiento de las instituciones electorales comenzó con la escisión de estas respecto al titular del ejecutivo, quien a través de la secretaría de gobernación formaba parte de los colegios electorales atentando contra el principio de imparcialidad que rige la materia electoral y que decantaba en elecciones de estado en las que la única función de los organismos electorales era la de legitimar, sí o sí, el avasallamiento del partido oficial.
Este modus operandi lo mismo fraguó a nivel federal que en cada una de las entidades federativas. San Luis Potosí no fue la excepción: siendo una de las entidades en que la efervescencia social cobró factura al sistema electoral de estado como lo constata el hecho de que en un período de apenas ocho años, el estado tuvo seis gobernadores.
El escenario local sirvió de caldo de cultivo al movimiento político social identificado como el navismo que no solo permeó en la entidad potosina a finales de la década de los ochenta sino que escalo a nivel nacional concluyendo con la renuncia de un gobernador electo, Fausto Zapata, sentando las bases para la reforma electoral del estado en el año de 1991.
Eje principal de esa reforma fue la creación de un organismo electoral ciudadano, el primero en la historia de México, que organizaría las elecciones a gobernador en el año de 1993 y que serviría de modelo para la ciudadanización del otrora Instituto Federal Electoral.
Se trae esta breve reseña a colación a efectos de ilustrar que la ciudadanización de los órganos electorales y las consiguientes reformas en materia político electoral que fructificaron en una mayor pluralidad de partidos políticos – que fueron volviéndose competitivos en los escenarios regionales, primero y nacionales después -, así como la eventual alternancia de la presidencia de la república en el año 2000, tuvieron una génesis netamente social.
La efervescencia popular capitalizada por los institutos y actores políticos de finales de los ochenta, tuvo una raigambre de auténtica participación ciudadana que dio visos de un hastío pero también de una madurez política y que sirvió como ariete para la democratización del sistema político mexicano, no solo en lo relativo a procesos electorales.
En efecto, la ciudadanización de los organismos electorales fue apenas el primer ejercicio de los pesos y contrapesos, pues la naturaleza misma del proceso de integración de esos órganos implica la suma de acuerdos por parte de las bancadas de los diversos institutos políticos representados al seno del congreso de la unión en lo federal y, hasta hace unos años, de las legislaturas locales en cada uno de las entidades federativas.
Ese ejercicio primigenio decantó en la conquista de otros espacios que, basados en la autonomía y participación ciudadana, comenzaron a ejercer otro contrapeso a los poderes constitucionales, tales como los organismos de derechos humanos, los de acceso a la información, observatorios ciudadanos y demás ejercicios de contraloría ciudadana que han fortalecido el sistema político mexicano. O lo venían fortaleciendo.
Como se refería en la introducción, nos encontramos ante un escenario que no resulta privativo de México sino que pareciera ser una boga en el contexto internacional: el acceso al poder de líderes populistas que, habiendo accedido al ejercicio del poder público por las vías legales e institucionales, desacreditan la legitimidad de los mismos señalándoles como a un vestigio de una élite política corrupta.
Hugo Chávez, Donald Trump y el mismo Andrés Manuel López Obrador son ejemplo de mandatarios que, presentándose como personajes ajenos al “sistema” prometen la reivindicación de la democracia bajo un nuevo paradigma, en el que las instituciones y organismos autónomos no tienen cabida y se les presenta como enemigos del pueblo.
Este ataque sistematizado contra las instituciones democráticas tiene, según Levitsky y Ziblatt, cuatro elementos distintivos, a saber: rechazo a las instituciones democráticas, negación de la legitimidad de los opositores, tolerancia o promoción de la violencia política y restricción de libertades civiles.[4]
En el escenario que atestiguamos, en el día a día de la diatriba presidencial, hemos identificado ya tres de los cuatro elementos que se citan: las libertades civiles parecen ser el último resquicio de una democracia que encontró, en las mismas libertades civiles, su fortalecimiento institucional.
Conclusiones.
Hemos asistido apenas a 4 elecciones presidenciales en los últimos 30 años en los que la pluralidad política se ha fortalecido como no lo hizo durante más de 50 años. Acudimos a la alternancia presidencial no en una, sino ya en tres ocasiones, siendo la última elección la más transparente, con mayor participación e inmediatez en la publicación de resultados.
Resulta inverosímil entonces el ataque sistemático que, orquestado desde la presidencia de la república, se perpetra contra organismos ciudadanos como el Instituto Nacional Electoral que han dado muestras de cumplir a cabalidad con los principios rectores de la materia electoral.
Si bien es cierto que ante la intromisión del titular del ejecutivo federal que se ha autonombrado como “defensor de las elecciones” pareciéramos conducir al retorno del presidencialismo que caracterizó las décadas de los sesentas y setentas – con sus funestas consecuencias – también es cierto que, como sociedad civil organizada, seremos siempre el fiel de la balanza: en San Luis Potosí, ya conocemos el camino.
P.D. Mientras se escriben estas líneas, se ha consumado la renovación de consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral y me congratula que, por primera vez en la historia de ese organismo, un ciudadano potosino forme parte del Consejo. Desde aquí, mis felicitaciones al Maestro Martín Faz Mora.
Bibliografía.
Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel. How Democracies Die. Crown. 2018. New York.
Navarrete, Juan. Sistema político mexicano: desarrollo y reacomodo del poder en Iberoforum, Revista electrónica del departamento de ciencias sociales y políticas, Año III, número 6, Julio Diciembre de 2018, pp. 131-148, Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México.
[1] Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel. How Democracies Die. Crown. 2018. New York.
[2] Navarrete, Juan. Sistema político mexicano: desarrollo y reacomodo del poder en Iberoforum, Revista electrónica del departamento de ciencias sociales y políticas, Año III, número 6, Julio Diciembre de 2018, pp. 131-148, Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México.
[3] El 17 de noviembre de 1988, el estado mexicano suscribió el Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”.
[4] Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel, op. cit.
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