LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN MÉXICO: LOS PELIGROS DEL POPULISMO
Por Comunicación Social publicado 2019-04-15
POR JOSEFINA SALAZAR BÁEZ
Lograr el reconocimiento constitucional de los derechos de las mujeres en México ha sido el resultado de largas luchas sociales, políticas, culturales, parlamentarias y de vida que solo pueden explicarse por la determinación de mujeres que, sin importar su condición o ideología, han concentrado sus esfuerzos en la construcción de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.
Lograr el reconocimiento constitucional de los derechos de las mujeres en México ha sido el resultado de largas luchas sociales, políticas, culturales, parlamentarias y de vida que solo pueden explicarse por la determinación de mujeres que, sin importar su condición o ideología, han concentrado sus esfuerzos en la construcción de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.
La paridad de género en el Poder Legislativo que hoy nos hace sentir tanto orgullo como país, fue posible gracias al esfuerzo de muchas mujeres de todos los partidos que, desde hace décadas, hemos venido insistiendo en la necesidad de reconocer en la Constitución y las leyes, esa realidad social en la que hombres y mujeres debemos tener igualdad de oportunidades y derechos.
Fruto de la reforma constitucional de la paridad de 2014, en este 2019 por fin contamos con una integración paritaria en el Poder Legislativo Federal y Locales. En el Congreso de la Unión de 500 curules en la Cámara de Diputados 241 son mujeres, lo que constituye el 48%; mientras que en la Cámara de Senadores de 128 curules 63 son ocupadas por mujeres, un 49%. En los congresos estatales de 1,113 legisladores, 549 son mujeres, es decir, un 49%.
Sin embargo, estas buenas noticias contrastan con otros cargos de elección popular en los que prevalecen asignaciones asimétricas del poder en el acceso de las mujeres a algunos cargos. Por ejemplo, de todos los ayuntamientos del país solamente el 14% son ocupados por mujeres; de 32 estados en la república, solamente uno tiene gobernadora; y en la conformación de varios gobiernos estatales su presencia es reducida, tal es el caso de San Luis Potosí, donde en un gabinete legal compuesto por 17 secretarías, solamente 3 de ellas son encabezadas por mujeres, esto es, un 17%.
Es evidente que es necesario seguir trabajando en el empoderamiento femenino, en la apertura de mayores espacios en los partidos políticos a la participación de las mujeres y mayores asignaciones presupuestales a capacitación y formación política femenil, para que cada vez más mujeres reciban el sufragio pasivo en los espacios de poder público.
Pero hoy enfrentamos nuevos desafíos que no esperábamos, que no tienen que ver solo con las fórmulas de acceso al poder y que es indispensable hacerlos visibles porque están amenazando de una manera frontal los derechos de las mujeres de a pie, esos que se creían superados, pero que con el triunfo electoral de la autodenominada “Cuarta transformación”, han sido puestos en entredicho y cuya vigencia corre peligro, ante lo que pareciera una acción deliberada de desmantelar el andamiaje institucional que se construyó para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las mujeres durante los últimos años.
Como es de dominio público, varios programas dirigidos a la erradicación de la violencia contra las mujeres sufrieron una merma considerable en las asignaciones presupuestales, pero adicionalmente, hubo dos graves decisiones asumidas de forma directa por el presidente Andrés Manuel López Obrador que constituyen dos agravios severos a la integración laboral y el respeto a la integridad de las mujeres.
Me refiero, por supuesto, a la determinación de reducir sustancialmente (al menos un 30%) los fondos asignados al programa de “Estancias infantiles”; y la suspensión de las convocatorias para obtener subsidios a las organizaciones de la sociedad civil que mantienen en funcionamiento los albergues para mujeres que han sido víctimas de violencia.
En el primer caso, hubo una vaga denuncia generalizada del presidente de la república sobre una supuesta corrupción en el programa, la cual por cierto, nunca se acompañó de las pruebas de respaldo, tampoco se interpusieron las denuncias correspondientes y mucho menos se presentaron públicamente los responsables (particulares y servidores públicos) del presunto peculado, pero en contrasentido, la factura de esa autoritaria y arbitraria decisión se le transfirió a las madres trabajadoras que de golpe se quedaron sin la posibilidad de contar con un lugar adecuado para encargar el cuidado de sus hijos mientras trabajan. Así, la “cuarta transformación” negó a millones de mujeres la posibilidad de trabajar duro para sacar adelante a sus hijos.
En el segundo, nuevamente ocurrió una decisión generalizada, arbitraria y unilateral del titular del Poder Ejecutivo Federal, esta vez consistente en anunciar a través de declaraciones públicas primero, y posteriormente en un memorándum oficial, que giró instrucciones a todas las dependencias gubernamentales para cesar toda entrega de recursos públicos a cualquier tipo de organización sindical, no gubernamental o de la sociedad civil, bajo el falso argumento de que operar esas funciones es una responsabilidad del gobierno y que el intermediarismo permitió que se formaran sistemas de corrupción.
Esta equivocada visión de las cosas, no distinguió ningún caso en lo particular y de esa manera resultaron afectados por la medida, los albergues que se encargan de dar alojamiento a mujeres que han sido víctimas de violencia grave y necesitan un refugio. Estos espacios son vitales, ya sea para esconder la identidad de una mujer y evitar un ataque por parte de su agresor o bien porque en esos centros de ayuda que funcionan gracias a la vocación y entrega de otras mujeres, se articulan redes de apoyo que les permiten a las víctimas de violencia resistir unidas y con más y mejores herramientas para erradicarla de sus vidas y las de sus hijos.
Al igual que con las estancias infantiles, el gobierno anunció que entregará el subsidio existente de forma directa a las mujeres que requieran los servicios de los refugios para víctimas de violencia.Es decir, a la necesidad de las mujeres de protección a la integridad física, asistencua terapeútica, asesoría legal, y acompañamiento y redes de apoyo, el gobierno federal responderá con una transferencia económico que lejos de resolver ninguna de las complejas aristas de la violencia, además colocará a las mujeres en mayor propensión y vulnerabilidad, porque las parejas violentas podrían seguir cometiendo esa conducta, pero ahora además despojando a las mujeres del dinero que reciban.
Otro aspecto verdaderamente penoso de estos atropellos, es que el presupuesto para ejercicio fiscal 2019, en el que se restringieron estos fondos dirigidos a garantizar el pleno ejercicio de derechos de las mujeres, contó con el voto de las mujeres de Morena, quienes a pesar de formar parte de “La Legislatura de la paridad de género”, no tuvieron empacho en congraciarse con el presidente, aún cunado ello implicaba traicionar el primer mandato de su representación política: ser mujeres y legislar en beneficio de las mujeres.
Detrás del desmantelamiento de programas institucionales que son políticas públicas orientadas a la atención de problemas sociales, se encuentra la evidente intención de López Obrador de sustituir las acciones del gobierno por programas clientelares que no rindan cuentas del dinero que manejen y en los que los objetivos, las metas y las reglas de operación, resultan prescindibles frente a la rentabilidad política que de ellos pretende obtener él y su partido.
Quienes creemos en una política humanista y en el principio de subsidiariedad, sabemos que el gobierno que hoy tenemos no aprecia el esfuerzo de la sociedad civil porque es de corte estatista y clientelar. Nosotros reafirmamos que seguiremos luchando por tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario y que las políticas públicas pueden tener distintos enfoques, pero lo que no es negociable es que en todos los casos deben respetar los principios de dignidad humana, libertad política y democracia participativa.
Esos valores democráticos con los que el PAN nació, deben ser retomados y abrazados como las banderas que nos acompañen en la lucha contra este populismo autoritario que amenaza la libertad, el desarrollo y los derechos de las mujeres en nuestro país.
Si cerramos los ojos frente a la misoginia del gobierno y no hacemos nada frente a sus abusos, retrocederemos décadas en la lucha por lograr la igualdad sustantiva entre hombre y mujeres. Si no defendemos lo que las mujeres tenemos y que nadie nos regaló porque lo ganamos luchando, perderemos los avances alcanzados, y lo peor: aceptaremos que nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas deban vivir en un país que dejó morir su democracia.
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