POR JOANNA F. TORRES
La importancia de que las mujeres participen en la política radica, entre otras cosas, en que su presencia contribuye a modificar las pautas, los usos y las costumbres de hacer política, así como a transformar el contenido de la agenda pública. Las mujeres aportan a la política puntos de vista, aptitudes y perspectivas diferentes que ayudan a conformar el programa político incluyente y plural que represente los intereses de las dos mitades de la población.

A pesar de ello, históricamente hemos estado subrepresentadas, en México y en el mundo. Nuestra presencia en cargos de elección popular, en la administración pública de todos los niveles de gobierno, e incluso en los espacios de participación social, ha sido el resultado de una lucha permanente para lograr inclusión.

Ejemplo de esto es que, ante el proceso electoral más grande de la historia de México, y en un esfuerzo multidisciplinario de instancias y autoridades involucradas en la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, se diseñó el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2017.

 Además, el INE implementó medidas sin precedentes, para asegurar no sólo la paridad en la postulación de candidaturas, sino también en la composición final del Poder Legislativo Federal.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no solamente confirmó estas medidas sino las maximizó para lograr una mayor participación de mujeres indígenas.

En tres entidades de la República: Oaxaca, Veracruz y el Estado de México, las legislaturas estatales han reformado el Código Penal estatal tipificando la violencia política de género como un delito.

Partidos políticos como el PAN, PRI, PRD, NUEVA ALIANZA, MORENA, cuentan con Protocolos específicos de atención a la violencia política en razón de género en sus ámbitos de justicia intrapartidista. Otros partidos lo han contemplado de manera general en su normatividad partidista.

No obstante, éstos y muchos otros esfuerzos, las prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios se recrudecen e incrementan en la medida en la que más mujeres participan en las contiendas electorales y ocupan cargos de elección popular, lo que ha traído como consecuencia la marginación y exclusión de los espacios y procesos de tomas de decisión del país.

Entre los altos costos que ha tenido el aumento de la participación política femenina, se encuentra precisamente la violencia política contra las mujeres en razón de género, que constituye la máxima expresión de discriminación política que inhibe, minimiza y limita el pleno ejercicio de los derechos político electorales, degradando con ello nuestra democracia.

Entre las afectaciones que un acto de violencia política puede generar en el proyecto de vida de las mujeres es el abstencionismo de participar en la política. Y esto es muy grave, porque afecta directamente el propósito de la igualdad sustantiva en los espacios de decisión del país.

Peor aún, tolerar la violencia política en contra de las mujeres favorece su perpetuación y la aceptación social de este fenómeno.

En la transición hacia la igualdad sustantiva, hoy nos encontramos en una fase de aumento cuantitativo de mujeres en las legislaturas, hoy tenemos la llamada Legislatura más paritaria de la historia.

Pero este aumento cuantitativo debe ser seguido necesariamente por una fase cualitativa que mejore la democracia y aumente la incidencia de las mujeres en los espacios de decisión; no acotada exclusivamente a los temas de igualdad de género, sino aplicados en todos los temas trascendentales de la vida pública y problemáticas del país.

Ante ello, las mujeres que hoy practican la política, se encuentran ante un momento histórico, que implica la altísima responsabilidad de impulsar profundas transformaciones cualitativas en la manera de hacer política y en la forma de gobernar.

Parte de los cambios en la manera de hacer política es evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia política en razón de género y formar alianzas estratégicas entre nosotras mismas.

De tal forma que cada mujer política que ha logrado un cargo de elección popular, cada mujer que ha logrado ocupar un cargo en los espacios de decisión del país, tiene la responsabilidad social de impulsar y promover los temas de igualdad de género e incidir en temas trascendentales para el género femenino; porque además de nuestra inteligencia, experiencia y capacidades, que hoy podamos ocupar esos cargos ha sido el resultado de una lucha histórica preponderantemente de mujeres, para que las mujeres de hoy logremos el pleno uso y goce de nuestros derechos políticos.

Por cada mujer que deja de hacer política debido a la violencia, independientemente de su afinidad política y partidista, es una candidata menos y en consecuencia una funcionaria pública menos, una tomadora de decisiones menos y menor perspectiva femenina en el diseño e implementación de políticas públicas y en las reformas legislativas.

Por ello, el empoderamiento legal de mujeres es una de las trincheras que necesariamente deben de ser cubiertas para erradicar la violencia política en razón de género y así lograr la igualdad sustantiva que tantas iniciativas sociales pretenden.

El hecho de que, pese a las iniciativas legislativas presentadas aún no se cuente con una ley específica sobre la violencia política contra las mujeres, complica el tratamiento del tema a nivel jurisdiccional.

Por lo que, ante estas claras limitaciones legales, se deben generar criterios jurisdiccionales que abonen a la prevención y erradicación de este tipo de violencia.

¿Cómo se generan esos criterios y precedentes jurisdiccionales? Denunciando la violencia política, visibilizándola, promoviendo juicios, buscando justicia; a través de un caso concreto se puede incidir e irradiar el efecto de una sentencia para evitar casos similares en el futuro.

No es una tarea sencilla, pero en tanto no existan condiciones sociales de prevención y reformas legislativas que sancionen de manera ejemplar la perpetración de este tipo de violencia, la reacción inmediata puede encontrarse en los precedentes que se logren configurar para impedir que las prácticas discriminatorias contra las mujeres políticas continúen reproduciéndose.

No olvidemos que la lucha por prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, coadyuva a erradicar los demás tipos de violencia también.

POR GUILLERMO FLORES MANRÍQUEZ
El pasado 13 de febrero el Presidente de la República lanzó el que puede considerarse su agravio más delicado, pues en sus dichos se refirió a quienes han sentado las bases de la participación ciudadana en nuestro país: la sociedad civil organizada.

En sus palabras señaló que “No sé quién agarró eso de la sociedad civil, (que) se apropió la derecha, el conservadurismo. Es muy raro encontrar que haya un agrupamiento de la sociedad civil progresista, y hay gente bien intencionada, pero por lo general, todas las empresas promueven organismos de la llamada sociedad civil independientes que lo son, pero del pueblo, no de los intereses creados”. Con esta postura, el presidente atenta contra varios conceptos.

Va contra la pluralidad de ideas, de valores y creencias, en su afán de dividir a la sociedad en izquierda y derecha, agrupa a la sociedad civil en una sola ideología o postura arrinconando a quienes incluso se identifican con las ideas políticas del presidente, sus votantes y sus aliados; al decir que la sociedad civil es de derecha, ubica en una inexistencia a toda aquella que ha levantado el puño izquierdo en pro de sus derechos, causas y banderas.

Menosprecia la lucha en general, que durante décadas la sociedad civil organizada, de derecha, de izquierda o de centro, emprendió para conquistar espacios y construir instituciones.

Atenta contra la democracia, ya que discrimina a los ciudadanos que no encuentran en los partidos políticos un espacio de participación, pero que no son indiferentes a los problemas de sus comunidades y se agrupan en torno a un tema, una adversidad o una causa que se vuelve estandarte.

Al hablar de organizaciones de la sociedad civil, hablamos de ciudadanos que desean colaborar con su país desde una trinchera que les permita expresarse y generosamente dedicar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de sus semejantes, mejorar sus comunidades.

Las desafortunadas declaraciones del jefe del Ejecutivo se suman a la lucha que durante mucho tiempo la sociedad civil ha enfrentado. Basta recordar en los antecedentes del México contemporáneo que, si bien muchas de las organizaciones de la sociedad civil emanaron y se fortalecieron de la promoción por parte del pensamiento y la acción católica o de grupos empresariales; perversas según el maniqueísmo obradorista; son también la revolución cubana y el comunismo fuentes de inspiración de la participación social desde otros espectros políticos.

Hablamos de movimientos de estudiantes, de obreros, de campesinos, de maestros y médicos, movimientos de grupos culturales, sin fines lucrativos y políticos, movimientos que nacen de manera voluntaria en respuesta organizada a necesidades y demandas populares. Todos ellos se incluyen en las declaraciones en contra de la sociedad civil. Por ello la postura de quien encabeza el gobierno que se autodenomina de la “transformación” debe ser de unidad y promoción, no de descalificación. Una sociedad más participativa garantiza un avance que fortalece a la democracia. El presidente en lugar de descalificar y buscar conflicto con la sociedad civil debería aprovechar su bono popular para inspirar a más ciudadanos a trabajar y seguir colaborando en la construcción de instituciones sólidas y fuertes, desde la noble trinchera de las organizaciones de la sociedad civil; ser aliados no rivales.

Pero tal parece que al “nuevo régimen” esta idea no le interesa, en su brújula no está fortalecer mediante recursos y mecanismos de participación a la sociedad civil organizada. Tal parece que su norte está en desmantelar además de instituciones y el trabajo de gobiernos anteriores, miles de esfuerzos ciudadanos que surgieron para atender las carencias que ni las autoridades, ni los partidos políticos han logrado resolver. Como dijo la titular de Función Pública, para la “transformación” el Presidente es el Estado.

Estos acontecimientos abren una ventana de oportunidad para quienes formamos parte de la oposición de este gobierno. En defensa de las organizaciones de la sociedad civil surgió la contención empresarial quien, en voz de Gustavo de Hoyos, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, recordó que la batalla en contra de la sociedad civil organizada viene desde la campaña del entonces candidato López Obrador, cuando cuestionó la participación de las organizaciones. Al confrontar este conflicto el empresario retomó la respuesta que entonces se expuso en campaña ante tales descalificaciones, publicando los 10 cambios que en principio fueron propuestas, después exigencias y que al final se convirtieron en Instituciones. Entre ellos destacan: la creación del Instituto Federal Electoral, la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, la reforma política de la Ciudad de México, la evaluación educativa y el servicio profesional docente, la evaluación independiente de la política social y la creación del CONEVAL, la creación del INAI y la agenda de transparencia y rendición de cuentas, la reforma en Derechos Humanos la Ley 3 de 3 y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el amparo que condujo a la obligación de legislar en materia de publicidad gubernamental y la iniciativa para contar con una Fiscalía verdaderamente independiente.

En todos y cada uno de los cambios mencionados, hay un común denominador, el acompañamiento de Acción Nacional. En esa ventana de oportunidad que nace de la sociedad civil, debe surgir no sólo el recuerdo de las batallas que en conjunto hemos enfrentado, sino la fortaleza de nuestros triunfos culturales, morales y políticos. Alejarnos de nuestros orígenes y de aquello que nos hizo crecer es el motivo por la cual el hartazgo rebasó a la razón y el tropiezo nos alcanzó.

A pesar de la debacle, en el ADN de nuestro instituto político corre la sangre de la sociedad civil organizada, de ella emanaron los mejores candidatos, líderes opositores y gobernantes, aquellos que le dieron un giro a la forma de ejecutar los asuntos públicos. Ellos presentaron los modelos de Gobernanza Humanista hoy impulsados por la Asociación Nacional de Alcaldes, los mismos que conquistaron las capitales y ciudades más importantes, ganando de la periferia hacia el centro.

Ahí está una de las respuestas a nuestros foros de análisis a lo ocurrido en julio de 2018, voltear a ver a la sociedad civil organizada, no para vanagloriarnos que sin nosotros su lucha es estéril, sino reconocernos como parte de esta, reconocer nuestros errores, nuestro distanciamiento y ofrecer lo que realmente somos, ser un instrumento de su causa.

En el sistema de partidos políticos que hay en nuestro país, la manera más efectiva de acceder al poder es mediante un instituto político como el nuestro. Acción Nacional más allá de definirse por antonomasia oposición, debe serla. Debe abrirse a las ideas de quienes día a día sufren los embates de este gobierno; ciudadanos rechazados por pensar diferente; debe oponerse a ese sistema populista que aparenta ser aliado del pueblo, cuando en realidad sólo busca su usufructo.

Debe tender la mano a las organizaciones de la sociedad civil, escuchar, acompañar y levantar con ellas las banderas, no para un propósito meramente electoral, sino para reconocerse, distinguirse y sobre todo servir a México.

Por ello, el llamado a todos los panistas, dirigentes y militantes de todos los niveles debe ser: con la sociedad civil ¡siempre!

Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que se busca demeritar desde el poder el esfuerzo de años de ciudadanas y ciudadanos que con trabajo constante han luchado por causas justas, tiempos en los que la demagogia y el populismo han llegado hasta el extremo de debilitar a las Instituciones, tiempos en los que se busca eliminar los contrapesos, en los que el ejercicio de la libertad de expresión es atacado, en los que se manipula para ganar clientelas, en los que se desincentiva la crítica, peligra la división de poderes y la fortaleza del federalismo.

Es por ello que creemos que el análisis, la crítica y la propuesta son herramientas para el fortalecimiento de los sanos contrapesos. Estamos comprometidos con el respaldo a las personas defensoras de derechos humanos, a las y los comunicadores, a las y los ciudadanos que trabajan incansablemente en Organizaciones que hacen fuerte a este País, a las mujeres niñas, niños, personas con discapacidad y grupos más vulnerables.

En Acción Nacional buscamos generar espacios de expresión en los que junto con nuestra militancia y con la Sociedad Civil podamos abonar en la construcción de un México solidario y  en paz.

Es por lo anterior que doy la bienvenida a las y los amables lectores de esta publicación, y agradezco la colaboración de quienes en este espacio expresan en libertad sus posturas y los altos motivos que nos unen.  Que “Humanismo y Sociedad” sea lugar de análisis y crítica responsable, de coincidencia y unidad frente a los tiempos a los que nos enfrentamos.

“Por una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos”