La violencia política en razón de género (VPG) ha estado presente en la cultura y realidad mexicana, en un profundo arraigo que apenas está siendo posible visibilizar[1]. Esta violencia es, incluso antes de que se llamara así.

Es por ello necesario recordar los antecedentes que permitieron primero, reconocer los derechos políticos de las mujeres, para poder comprender después qué es la VPG y qué mecanismos se han implementado para combatirlo en Acción Nacional (AN). Por mencionar tan solo algunos sucesos de relevancia recordamos que ya desde 1880 se publicó un documento en la revista “Violentas de Anahuac” con la exigencia de igualdad y del reconocimiento del derecho al voto. En 1917 Hermilia Galindo de Topete y Edimira Trejo de Mellón enviaron al Congreso Constituyente un documento en el que pedían que la igualdad de derechos políticos fuera contemplada en la Constitución.

En 1923 se realizó el primer Congreso Nacional Feminista, en el que se pedía igualdad jurídica y civil para que la mujer fuera elegible en los cargos administrativos. Ese mismo año, en San Luis Potosí el gobernador Aurelio Manrique expidió un decreto que concedió a las mujeres del Estado el derecho a votar y ser elegidas en las elecciones municipales, mismo que fue suprimido el siguiente año[2].

En septiembre de 1939 se realizó la Asamblea por medio de la cual se constituyó Acción Nacional. Son ampliamente conocidos los ciudadanos a quienes la historia reconoce como fundadores del partido, sin embargo no reciben el mismo reconocimiento como tales las mujeres que, no solo estuvieron ahí sino que además, organizaron la Asamblea: Conchita Morín Vda. De Gómez, Lidia Torres, Eugenia Mass de Rodríguez, Elodia Delgado, Julia Gallegos de Ortega, Luz S. de Perches, Soledad Arriaga, Elvira Montiel, María P. de Gómez, Ana Salado Álvarez, María Luisa Rolón de Martínez Sotomayor y María Elena Sodi de Pallares y la Pacheco de Acedo[3]. Ellas son y es preciso reconocerlas así: fundadoras del PAN.

Es también en el año de la fundación, que se realizó la primera Asamblea General de la “Sección Femenina” en la cual Amelia Sodi de Sordo Noriega fue nombrada primera presidenta. En el mismo Documento Fundacional del partido se estableció:

“Que la mujer no puede considerarse ajena a los intereses y problemas nacionales, porque también ella debe reconocer las exigencias impuestas por el Bien Común y porque el verdadero patriotismo- que es ante todo conciencia del deber para con la Patria y decisión de cumplirlo- no es patrimonio exclusivo del varón”[4].

Posteriormente la misma fue reformada para constituirse como la Secretaría de Promoción Femenina. Florentina Villalobos al frente de la Sección argumentó en 1980, que ésta correspondía al tiempo en el que a la mujer no le era reconocida su ciudadanía, por lo que habiéndose esto cambiado se requería ahora promoverla para que participara en la acción política. Más tarde en 1987 Blanca Magrassi Scagno, cambió el nombre a Secretaría de Promoción Política de la Mujer, mismo que se conserva al día de hoy.

Es importante apuntar también que en 1982 el PAN presenta su Plataforma Política para las elecciones en la que se comprometió a respetar la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer[5].

Todo lo anterior pretende recordar la historia de un partido que ha estado siempre en favor de propiciar la contribución a la vida política del partido y del país a través de la opinión, perspectiva y participación activa de las mujeres.

En este contexto es importante señalar que fue Acción Nacional el primer partido en promover la igualdad de derechos políticos para la mujer y el hombre, ya que en 1947 se presentó la primera iniciativa de ley para reconocer el derecho al voto federal a las mujeres. Sin embargo es hasta el 17 de octubre de 1953 que este derecho es reconocido[6].

Dos años más tarde, Norma Villarreal de Zambrano fue postulada por Acción Nacional como alcaldesa de Garza García Nuevo León y es hasta 1964, que Florentina Villalobos Chaparro es electa como Diputada Federal por el distrito 02 de Chihuahua en la XLVI Legislatura, siendo así la primera Diputada de oposición y la primer panista en ser electa[7].

El panorama de evolución en el PAN ha sido similar al del entorno nacional, cada generación ha asumido la responsabilidad del impulso de participación de acuerdo con su tiempo y contexto. Paulatinamente se han ido construyendo los mecanismos para lograr que cada vez más mujeres encabecen candidaturas a distintos cargos de elección popular y accedan a los órganos directivos y deliberativos del partido.

En el entorno nacional, recordamos que fue en 1993 que se reformó el Código Electoral Federal para buscar una mayor participación de las mujeres, y aunque no se establecieron consecuencias directas se sentó un primer precedente.

Posteriormente, en 1996 se reformó el artículo 5° fracción XXII, que determinó que los partidos políticos nacionales deberían considerar en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedieran del 70 por ciento para un mismo género promoviendo a su vez la participación política de las mujeres[8].

Es en el año 2000 que se logra al fin la alternancia. Acción Nacional gana la elección presidencial y al año siguiente -el 12 de enero de 2001- se crea el Instituto Nacional de las Mujeres. Organismo que impulsa el desarrollo de las mujeres en el país para: “promover la equidad entre hombres y mujeres y erradicar la discriminación hacia las mujeres impulsando una nueva cultura de respeto e igualdad de oportunidades entre unas y otros”[9]. Así mismo, en 2008 el gobierno emanado de AN crea la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVINTRA). Acción Nacional es un partido que desde su fundación le apuesta a la creación y fortalecimiento de Instituciones, como una vía de transformación profunda.

En 2002 con una mayoría panista en el Congreso, se estableció un sistema de cuotas en las candidaturas en las Cámaras de Diputados y Senadores: el 70 por ciento de la titularidad de las candidaturas debía pertenecer al mismo género. La diferencia radicó en la obligatoriedad de la norma, la cual se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales[10].

Aún quedaba camino por recorrer, pese al sistema recién creado, los vacíos que presentaba la norma fueron aprovechados para postular a las mujeres solo como candidatas suplentes o incluirlas en los últimos lugares de las listas plurinominales, ejerciendo sobre ellas una violencia política en razón de género.

Seis años más tarde, de nueva cuenta con una mayoría de legisladores del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, se estableció una nueva reforma al Cofipe que indicaba que las candidaturas a diputados y senadores debían integrarse por al menos 40 por ciento de un mismo género en la titularidad de las mismas. Mientras que en lo referente a las listas de Representación Proporcional se establecía que se integrarían en segmentos de cinco candidaturas y que cada uno de los segmentos tendría dos de género distinto de manera alternada.

En ese momento la Ley no obligaba a que quien ocupara la posición de propietario y suplente de las candidaturas fueran personas del mismo género. Lo cual permitió el fenómeno de lo que se denominó como el caso de las “Juanitas”, el cual consistió en a solicitud de licencia para separarse de su encargo de ocho diputadas, siendo relevadas por sus suplentes hombres en siete de los casos, durante la LXI Legislatura[11]. Situación que significó un hito que evidenciaba las nuevas formas de ejercer VPG, mismas que se iban encontrado nuevas formas de manifestarse a medida que la norma cambiaba.

La entonces Senadora María del Pilar Ortega Martínez, describe en la Revista Palabra, que en 2011 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció “en forma categórica el cumplimiento de cuotas de género en candidaturas por el principio de mayoría relativa, que antes de esta resolución no tenía aplicación debido a la interpretación que se daba a la excepción que señala el Código Electoral para el caso de procesos democráticos, para el caso de partidos políticos, para designación de candidaturas”[12].

Este antecedente permite que en 2012 los partidos políticos registraran candidatas de mayoría relativa para la elección del Congreso de la Unión, siendo del mismo género tanto propietarias como suplentes. Teniendo como resultado que la LXII Legislatura se conformara por treinta y siete por ciento de diputadas federales y treinta y cuatro por ciento de senadoras. En 2013 se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la normatividad electoral, incluyendo a la VPG como una manifestación asociada a la participación política de las mujeres.

En ese mismo año las Senadoras del PAN argumentaron que existía la inequidad en tiempos oficiales, designación de candidatas en distritos perdedores y agresiones de violencia política[13], por lo que exhortaron a las autoridades locales a poner en práctica el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres implementado entre otras Instituciones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Fue en la reforma política del 14 de febrero de 2014, en la que se estableció el principio de paridad en candidaturas federales y locales a cargos legislativos establecidos: 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres[14].

En el año de 2016, la Senadora panista María del Pilar Ortega Martínez, presentó un punto de acuerdo en que propuso exhortar a los organismos públicos, a las fiscalías y procuradurías Generales de Justicia, y a los a los tribunales electorales, de las entidades federativas, para que establecieran e implementaran protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres. Señalando que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) tenía registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral de 2014-2015, y 2016 se conocieron 103[15].

La creciente participación política de las mujeres provocó que las resistencias a su vez se incrementaran. Los arraigados prejuicios en esta materia evidenciaron que al igual que en otros ámbitos, existían (lo siguen haciendo) estereotipos que encasillaban a las mujeres en actividades tradicionales, permitiendo el trabajo en la base de las organizaciones, pero no en las más altas funciones de toma de decisiones.

Es preciso decir que esta situación no era exclusiva de los procesos constitucionales, sino que también se vivía al interior de los partidos políticos. Acerca de esto no se hablaba, por lo tanto, identificar los casos era muy difícil, aun por parte de las mismas mujeres, víctimas de prácticas violentas tales como: registro fraudulento, renuncias en blanco, registro de mujeres en distritos perdedores, inaccesibilidad a recursos de campaña o mal uso de los mismos y ocultamiento de información[16].

En 2018 el PAN fue el primer partido político en crear un Protocolo de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del Partido. El cual fue realizado por la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, mismo que estableció por fines:

Dar cuenta de las obligaciones que tiene el partido en términos normativos y doctrinarios en materia de igualdad.
Visibilizar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Establecer el concepto de violencia política contra las mujeres para que este sirva de referencia al partido y se puedan encuadrar hechos constitutivos para actuar en consecuencia.
Contribuir a resolver el problema de violencia política contra las mujeres en razón de género al interior del PAN con la creación de una propuesta de Protocolo de Atención a la misma.
Proponer acciones para prevenir la violencia política contra las mujeres al interior del Partido.[17]

El partido asimismo creó la Comisión de Atención a la Violencia Política contra las Mujeres Militantes, cuya Secretaria Ejecutiva es actualmente Joanna Alejandra Felipe Torre, la cual cuenta con las facultades necesarias para prevenir e investigar los hechos que las o los militantes, funcionarios (as), dirigentes y/o servidores públicos emanados del partido que puedan ser constitutivos de VPG.

En este sentido se ha realizado un esfuerzo considerable por parte del Instituto Político para dar a conocer cuáles son los elementos que la constituyen en orden de visibilizarla y de fortalecer los mecanismos internos que buscan prevenirla y sancionarla.

El concepto de Violencia Política del Protocolo se construyó a partir de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Definiéndose como:

“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”[18].

Es importante señalar también que en términos del Protocolo, para considerarse violencia política es necesario verificar la existencia de los siguientes elementos:

a) El acto u omisión se base en elementos de género, es decir: se dirija a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres y/o afecte desproporcionadamente.
b) Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
c) Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el cargo de un cargo público.
d) Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. e) Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargo de elección popular o de dirigencia partidista; servidores públicos, autoridades gubernamentales, funcionarios o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el estado y sus gentes.

El esfuerzo por hacer de la VPG algo ya no innombrable, sino impensable, sigue su curso en Acción Nacional. Este año la Senadora Kenia López Rabadán presentó la iniciativa que fue dictaminada el 14 de mayo pasado y que establece el mismo número de hombres y mujeres en el sector público en los tres niveles y poderes de gobierno, además de los organismos constitucionalmente autónomos, partidos políticos y cualquier organismo que ejerza funciones de autoridad.

La llamada Paridad Total llena de orgullo al partido, en palabras de Kenia López Rabadán es posible decir que esta reforma histórica permite la posibilidad real de que las mujeres formemos parte de la toma de decisiones del país. En un escenario tan complejo como en el que nos encontramos y en el que por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de once integrantes, nueve son hombres y dos mujeres; en el Poder Judicial donde entre Jueces y Magistrados, el 75 por ciento son hombres y 25 por ciento mujeres y en Gobierno del Estado de San Luis Potosí hay apenas dos mujeres en el gabinete y dieciséis hombres.

En el caso del PAN en nuestro Estado, el actual Comité Directivo Estatal está compuesto por cincuenta por ciento de mujeres y cincuenta por ciento de hombres en las Secretarías que lo componen.

Adriana Aguilar, actual Secretaria de Promoción Política de la Mujer señaló que en seguimiento a las acciones emprendidas por las legisladoras del partido, es necesario darle continuidad a la Paridad Total pero ahora en el interior del PAN, debido a que si bien, ya se estipuló que la fórmula de integración de la Presidencia y Secretaría General de los Comités Directivos Municipales deberá ser compuesta necesariamente por una mujer y un hombre, falta aún la reforma para las directivas estatales, la nacional y sus comisiones. Lo cual forma parte de las propuestas en materia de paridad dentro de la reforma de estatutos a realizarse este mismo año.

En este sentido se publicó convocatoria nacional para que personas de organizaciones de la sociedad civil, militantes y simpatizantes del PAN puedan colaborar en la construcción de la propuesta de reforma de Estatutos en materia de igualdad de género[19].

En el año en que se celebran 80 años de la fundación del partido, es posible identificar las acciones que ha realizado AN a lo largo de su historia, tanto al interior de la Institución, como cuando ha sido gobierno, para promover la participación política de las mujeres, no solo incrementando su número, sino también en su inclusión en la toma de decisiones, y en la prevención, sanción y erradicación de la VPG, impulsando decididamente de esta manera el principio fundamental del PAN: el respeto a la eminente dignidad de la persona humana.

Estamos conscientes del camino que aún le falta por recorrer al partido en este tema, sin embargo es posible encontrar esperanza en las acciones que día con día se realizan desde la Institución. Las mujeres en AN reconocemos la responsabilidad histórica que tenemos y asumimos con decisión nuestro compromiso generacional en favor de la igualdad sustantiva.

[1] Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer. (2018). Protocolo de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del Partido Acción Nacional. Ciudad de México : Partido Acción Nacional.

[2]Álvarez, B. M. (1989). Foro Nacional: la mujer, origen y destino. Ciudad de México: Partido Acción Nacional.

[3]Hidalgo Ramírez, A. G. (2000). Las Mujeres en Acción Nacional. Ciudad de México: Partido Acción Nacional.

[4] Trueba, T. (2013). Presentación. Palabra de Acción Nacional, 3.

[5] Hidalgo Ramírez, op.cit., 179 -185.

[6]Promoción Política de la Mujer. (s.f.). Recuperado el 11 de 07 de 2019, de http://promocionpoliticadelamujer.mx/?page_id=384

[7] Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua. (s.f.). Recuperado el 11 de 07 de 2019, de http://www.panchihuahua.org.mx/partido/historia-chihuahua/nuestros-lideres/article/florentina-villalobos-chaparro.

[8] Salgado, R. Z. (2014). Cutoas de género, una medida necesaria. Letras Libres.

10 Instituto Nacional de las Mujeres. (2004). El ABC del género en la Administración Pública. Ciudad de México: Instituto Nacional de las Mujeres.

[10] Ortega Martínez, M. d. (2013). Hacia una Cultura de Igualdad en los derechos Políticos de las Mujeres. Palabra de Acción Nacional, 9.

[11] Letras libres op cit

[12] La palabra op cit, 10.

[13] – Albaine Laura (2015). “Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales (52) pp. 145-162.

[14] Senado de la República. (13 de Septiembre de 2016). Obtenido de http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/30858-senadoras-del-pan-impulsan-protocolos-para-atender-la-violencia-politica-contra-las-mujeres.html

[15] Ibíd

[16] Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer, op. cit., p. 14.

[17] Ibíd, p. 16.

[18] Ibíd. p. 29.

[19] Aguilar Ramírez, A. (2019). Paridad Total. Humanismo y Sociedad.

DERECHO A LA MIGRACIÓN: UN RUMBO SIN DEFINIR…

Por Comunicación Social publicado 2019-10-29

POR NEREIDA CERVANTES FACUNDO

A partir de los años noventa se inicia, en un contexto de globalización, diversos estudios filosóficos, normativos y políticos de importantes académicos, que han abierto un debate en torno a la justicia, el reconocimiento de la diversidad cultural y los retos que presenta para una concepción universalista de los derechos humanos.

En este sentido, autores como el Dr. Rodolfo Vázquez, en su libro Teorías contemporáneas de la Justicia, ha señalado que desde el enfoque liberal igualitario, la protección y garantía de los intereses y necesidades de las personas, a través de los derechos sociales es una condición necesaria para el desarrollo y ejercicio de la autonomía y dignidad personal.

Por su parte Dworkin (filósofo y jurista Estadounidense), Amartya Sen (premio Nobel de economía y creador de los fundamentos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y Carlos Nino (filósofo y jurista Argentino), han concluido que el acceso a bienes y recursos es una condición, aunque no suficiente, para el logro de un vida autónoma y digna.

Si analizamos fenómenos o problemas que en los últimos años han sido los lastres de nuestro continente, como el individualismo consumista, la apatía política, corrupción, violencia, ruptura de la cohesión social, entre otros, relacionados con una globalización desbordada, podemos inferir que socialmente son factores que desencadenaron la llegada de un reclamo de justicia generalizada, que pugna por la necesidad de una concepción más sensible al reconocimiento de las diferencias.

En los Estados democráticos, en que se configuran la mayoría de los países latinoamericanos incluyendo México, la constitucionalización es la instancia en la que suele diseñarse el poder de los estados nacionales, al que entre otros aspectos se le encomienda la protección de los derechos fundamentales de sus habitantes, representando obligaciones por parte de los mismos de proteger, garantizar y promocionar, dotando de mecanismos de accesibilidad a todas las personas por igual desde derechos civiles y políticos como de los derechos sociales.

Es decir, buscar ir más allá de la igualdad formal ante la ley, para entender la situación de desventaja estructural en que se encuentran grupos de personas que comparten alguna condición o cualidad, como las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes o los pobres.

Dicho esto, quiero centrar mi atención en el tema de los migrantes, el tema es complejo, puesto que el fenómeno está relacionado con múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad, que inciden en la vida cotidiana de las personas en un mundo más interconectado. Ahora más que nunca la migración afecta a todos los países del mundo, y no solo negativamente sino también con beneficios para los países receptores.

Es decir, si pensamos el fenómeno de la migración como un fenómeno relacionado con geopolítica, comercio o intercambios culturales, nos ofrece la oportunidad de que los Estados, las empresas o las comunidades, puedan beneficiarse enormemente de ella.

Sin embargo, los desequilibrios sociales, económicos, ambientales y en general todas aquellas condiciones que atentan contra la seguridad humana, influyen en que las personas decidan arriesgar su vida, integridad personal e incluso su dignidad humana, para buscar un futuro para ellos y sus familias.

Si analizamos las cifras en general de diferentes informes sobre flujo de migración, podemos observar cómo este fenómeno se va incrementando o reduciendo a partir de las diversas variables que interactúan, por ejemplo, en 2017 el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente a los 173 millones del año 2000. Sin embargo, la proporción de migrantes internacionales entre la población mundial es solo ligeramente superior a la registrada en las últimas décadas: un 3,4% en 2017, en comparación con el 2,8% del 2000 y el 2,3% de 1980. (Datos extraídos de la página del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES).

Mientras que muchas personas escogen voluntariamente migrar, otras muchas tienen que migrar por necesidad. Aproximadamente, hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos.

Con lo que respecta a nuestro país, el sistema migratorio México-Estados Unidos en su devenir histórico ha sido reconocido a nivel internacional, como uno de mayor tradición y dinamismo, marcado por factores como los de vecindad, tránsito y fundamentado principalmente en relaciones laborales, que lejos de haber beneficiado a México estuvieran asociados a la transnacionalización y precarización de los mercados laborales en el marco del TLCAN, destinándolo a un papel de proveedor especializado de recursos naturales y de fuerza de trabajo barata.

Los migrantes y en especial los mexicanos, a lo largo de la historia han sido parte importante de la fuerza productiva de los Estados Unidos, pasando de ser vistos como fuerza laboral barata a ser criminales.

Aunado a esto, la idea del sueño americano no solo permeó a los mexicanos sino también a los centroamericanos que cuya ruta principal va del Caribe y Centroamérica, cruzando anualmente aproximadamente más de 450,000 por México, donde deben enfrentar el riesgo de ser víctimas de estafas, explotación por grupos de narcotraficantes, robo, secuestro, extorsión, accidentes, violencia, etcétera. Si son mujeres se incrementa la posibilidad de ser víctimas de trata de personas, violencia sexual y embarazos producto de dicha violencia. En éste país son migrantes todos los extranjeros que van de paso hacia Estados Unidos, los que deciden quedarse y regularizarse, los deportados que solicitan asilo o refugio, los nacionales de expulsión y repatriados.

Escenario que ha representado más que nunca en los últimos años, un tema de preocupación y con mayores reflectores, tanto al final del gobierno de Peña Nieto como del actual sexenio, en especial a partir del ingreso de las caravanas de miles de centroamericanos a nuestro país y desencadenar el debate particularmente sobre el endurecimiento de las políticas migratorias desde la propia población así como de las medidas adoptadas por Donald Trump.

Sin embargo, más que ser un sueño para muchos representó una pesadilla, puesto que una vez que ingresan a territorio mexicano y después al estadounidense si es que lo logran, no solo inician enfrentándose a barreras en el idioma, sino a posiciones laborales y salarios bajos, aislamiento, racismo y discriminación.

Recordemos que cada persona -como alguna vez señalo una académica- tenemos alas de migrante y estamos marcados por una historia que nos determina a elegir nuestros proyectos de vida.

Así como Juan, migrante en tránsito que declaró en marzo 2015: “Mucha gente de acá, cree que salimos por gusto y que les queremos quitar sus trabajos y beneficios. Pero no, uno sale por la necesidad, porque allá de dónde uno viene [de Centroamérica], de a tiro la vida es muy difícil, no hay trabajo, hay mucha pobreza y violencia. Y si supieran lo que uno tiene que pasar, sufrir en el camino, que te asalten, que te agredan y ni siquiera sabes si vas a llegar. Nadie nos protege, es como si no existiéramos. Es duro ver que somos tantos y que muchos se quedan en el camino…”.

Luis por otro lado dice: “Los inmigrantes hacemos mucho por este país, y al mismo tiempo estamos agradecidos por la oportunidad de crecer” y Jean Philibert joven de 23 años (con varios posgrados) de la República del Congo señala que una profesora de Estados Unidos le recomendó migrar a México a pesar de los altos índices de violencia: “No hay mayor alegría que encontrase con gente (que no te conoce), pero por medio de una fraternidad universal te sientes en casa, en familia; me siento plenamente humano”. De su aporte a la sociedad mexicana señala: “Mediante mi trabajo contribuyo en la promoción y defensa del derecho a la no discriminación en México, lo cual me llena de orgullo”.

Lo anterior nos anima a reflexionar que migrar no es un delito, es un derecho contemplado en la propia Declaración Universal de Derechos humanos y en diversos instrumentos internacionales, que debe pasar del discursos y traducirse en acciones, centradas en el respeto a la dignidad humana.

A partir de la reforma en derechos humanos en 2011, nuestro país inició todo un proceso de renovación en la forma de entender y aplicar el derecho, si bien representaba un cambio positivo para dar respuesta a muchas demandas sociales, también significaba que dicho paradigma realmente iniciaría un cambio de concepción, desde el enfoque liberal, igualitario, de protección de intereses y necesidades de los individuos a uno de tipo comunitario.

Es decir ir más allá de la igualdad formal ante la ley, y que la relación entre el ideal de igualdad constitucional no se plasme solamente en normas, sino que la situación de desventaja estructural en que se encuentran grupos de personas que comparten alguna condición o cualidad, como las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes o los pobres, encuentren garantizados en este país el acceso efectivo a los derechos consagrados en la Constitución.

Si partimos del ideal de que todos los seres humanos estamos dotados de un conjunto de derechos que son reconocidos universalmente, y son inalienables e intransigibles, tendremos que reconocer el llamado ius migrandi, es decir, el derecho de migración como una extensión al de libre circulación, garantizándoles a estas personas sus libertades y oportunidades en condiciones de igualdad.

Si bien los Estados pueden conservar sus límites territoriales estos no deben constituir obstáculos para la movilidad, y el derecho de vivir y trabajar dentro de un Estado no debe depender del lado de la frontera donde hayas nacido.

Es relevante también recordar lo señalado por el filósofo Italiano Ermanno Vitale en torno a la migración y la noción de ciudadanía y fronteras, quien afirma:

“Reivindicar que el derecho a la migración debe ser un derecho de las personas, más no significa negar que los flujos migratorios deban ser regulados: significa que los flujos deben regularse con la finalidad de favorecerlos, eligiendo no impidiendo las migraciones de las personas ni mucho menos permitiendo su gestión como si se tratara de mercancías o recursos a disposición de procesos económicos, significa la posibilidad de obtener ciudadanía…”.

Por tanto no deja de ser irónico que hoy nos instalemos y celebremos un mundo globalizado en términos de desterritorialización y al mismo tiempo nos aferremos a un control excesivo de fronteras, olvido de principios de humanidad y terrible violación de derechos humanos.

¿Qué estrategias habrá que seguir ahora? Quizá sólo conseguir que este sexenio sea capaz de comprender los problemas en este tema y establecer una agenda para abordarla estructuralmente y encontrar soluciones con racionalidad normativa, con nuestras convicciones y principios normativos universales, en una suerte de equilibrio reflexivo como proponía Rawls.

CONTRIBUCIONES Y DESAFÍOS DE ACCIÓN NACIONAL: -80 AÑOS DE HISTORIA, UNA MIRADA AL PASADO-

Por Comunicación Social publicado 2019-10-29

POR DANTE ALAN CARREÓN SANDOVAL

“Se muy bien que el momento es de acción y no de discusión”

-Manuel Gómez Morín-

A ochenta años de la fundación del Partido Acción Nacional nos encontramos en un momento en el que no solo es posible, sino necesario tomar un respiro, sabiendo que tenemos mucho que reflexionar. Ha habido aciertos y desaciertos, pero es necesario destacar: “Acción Nacional” es y será una organización política permanente.

La constitución del Partido Acción Nacional en la Asamblea que tuvo lugar en el Frontón México entre el 14 y el 17 de septiembre de 1939, encarnó la visión de una fuerza política sin precedentes. El PAN presenta características que lo hacen único y permanente: es el primer partido surgido de la organización de la sociedad con sentido democrático, con ideas, doctrina y principios.

Desde ese entonces, los fundadores recorrieron el país y puntualizaron que “Acción Nacional se trata de un partido que viene a llamar a todos los ciudadanos de México a que cumplan con sus obligaciones cívicas y políticas, por lo que es necesario hacer un esfuerzo para mantenerse unidos y salvar al país” (Chávez, 1940).

Manuel Gómez Morín consideraba que, el primer paso que se tenía que dar era generar una conciencia en la ciudadanía, para que la sociedad mexicana se percatara de los problemas que enfrentaba el país y con ello despertara el deseo de involucrarse en los asuntos públicos de la nación para construir soluciones.

Hoy en día, Acción Nacional es referente de organización articulada con agentes activos de la sociedad. No hay duda de que el PAN es la única opción de cara a un gobierno que ha dejado mucho que desear a los mexicanos.

Así como en un inicio el PAN era un fuerte contrapeso frente a los gobiernos autoritarios, represores, corruptos, antidemocráticos y de desgobierno, hoy en día el partido se fortalece en este sentido ante la terquedad de una transformación que en ningún modo está siendo de beneficio para los mexicanos, en un contexto en el que le hace falta entender que la unidad es lo que la nación necesita.

Al postular la primacía de la nación sobre todas las cosas, el partido pretende que se afirmen los valores que han construido a nuestro país, nuestras tradiciones, y nuestra cultura; buscando inspirar la ordenación política, económica y jurídica del país en el reconocimiento y en el respeto de la dignidad de la persona humana.

Es precisamente este el eje central de la doctrina humanista que postula Acción Nacional, de ahí parten los pilares de doctrina que sustentan el actuar del partido y su militancia: la búsqueda del bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Un partido humanista pertenece a un movimiento que defiende una doctrina a diferencia de otros partidos políticos, que actúan siguiendo a un caudillo.

Acción Nacional basa su acción política y sus posiciones en valores, principios e ideas que van más allá de todo líder que asume la defensa de un solo tema, que cambia sus posiciones en la medida de lo que dicen las encuestas o lo que resulta popular en determinado momento.

Hoy sigue vigente el reto de conquistar un proyecto cultural e ideológico necesario para construir una mayoría democrática que defienda la doctrina humanista, los derechos humanos y el que en nuestro país se garantice el Estado de Derecho.

En ese sentido, nuestro compromiso debe ser no solo regresar al gobierno federal, sino lograr acompañar este triunfo con una victoria contundente, axiológica y sustentada en los principios doctrinarios del partido, demostrando a su vez que es necesario consolidar una economía de mercado con responsabilidad e inclusión social, una cultura democrática, transparente, incluyente, plural y de fomento a la participación de la sociedad en los asuntos públicos del país.

Es momento de ser solidarios, ayudarnos los unos a los otros en comunidad para contribuir a una sociedad más justa y equitativa, no a través del camino falso populista que solo genera una base clientelar atentando contra la dignidad de las personas.

Ese es el gran reto que tenemos las y los panistas, sabemos que somos el instrumento de un propósito que va más allá del beneficio personal y debe transformarse en el bien colectivo. Es tiempo de volver a sembrar los ideales para cosechar dichos frutos en todo el territorio nacional.

Sin lugar a duda, se avecina una época difícil, para hacer frente a estas batallas necesitamos estar a la altura de las circunstancias, trabajar hombro a hombro, en equipo y sobre todo en unidad, dejando a un lado los intereses mezquinos personales.

Debemos trabajar sin descanso para responder con sensatez, humildad, certeza, transparencia y eficacia a las tormentas transformistas que se pretenden hacer sobre México. Para ello Acción Nacional requiere fortaleza, unidad y certidumbre, pero esto solo se logra a través de una sinergia real entre la estrategia electoral y las convicciones.

La ciudadanía exige una representación que le escuche, Acción Nacional por tanto se ha comprometido históricamente con ser la voz de las y los ciudadanos libres, emprendedores, de las familias que trabajan, de quienes creen en el valor de la dignidad de la persona y defienden los derechos humanos de todas y todos.

Es por ello que debemos recordar nuestro origen, ya lo decía Castillo Peraza “Sin la memoria no podríamos pensar ni hablar. Es el recuerdo de los conceptos el que permite el juicio, el avance al conocimiento, y a partir de éste, cualquier obra transformadora de la realidad”.

Cabe recordar que el PAN está sellado por el régimen antidemocrático que requiere combatir, se configura desde su origen como un partido demócrata, cercano a una posición de centro-derecha, único en América Latina y producto de las líneas de conflicto que cruzan a la sociedad posrevolucionaria mexicana de finales de los años treinta (Lujambio, 2009).

Tenemos un llamado para rescatar la ilusión de los mexicanos que se han refugiado en la diatriba, y que comienzan ahora a despertar en su descontento sobre la conducción prometida, y también a aquellos que ven en el populismo una falsa salida sobre el manejo del país.

Por eso hoy tenemos el compromiso de despertar a la ciudadanía, incentivarla y motivarla a la participación política, contagiando un día sí y otro también el anhelo de la construcción de un país con visión, estructura, unidad y futuro que deseamos para todas y todos.

Referencias

Trabajos citados Chávez, A. C. (1940). Archivo Histórico del PAN. (págs. 1 – 7). México: Fundación Rafael Preciado Hernández.

Lujambio, A. (2009). La democracia indispensable. México: DGE-Equilibrista.

LA IMPROVISACIÓN TAMBIÉN ES CORRUPCIÓN CASO SINGAPUR

Por Comunicación Social publicado 2019-10-29

POR ALEJANDRO LOZANO GONZÁLEZ

La improvisación también es corrupción. Para el presidente López Obrador “no tiene mucha ciencia gobernar”. Por eso no sabe las graves consecuencias de retroceder a un gobierno paternalista basado en dádivas que lejos de reducir la pobreza la arraiga fomentando la dependencia y no el esfuerzo. Por eso no sabe que hay que apostarle a energías renovables y no a refinerías en pleno siglo XXI, no sabe la importancia que tiene, en un mundo globalizado, invertir en ciencia y tecnología, no sabe que apoyar el emprendimiento es fundamental para crear empleos y motivar una mentalidad autosuficiente, no sabe el dañino ejemplo, para cualquier mexicano trabajador y honesto, que los atletas olímpicos de su país reciban menos apoyo que quienes roban gasolina.

Las constantes improvisaciones del nuevo gobierno tienen al país en una incertidumbre y gran preocupación. La prueba más reciente es la salida del ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa que, como bien lo señalaron, más que una renuncia fue una denuncia. Urzúa señaló como “inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”.

Por todo lo anterior me parece interesante analizar a un país que ha pasado de la pobreza a ser uno de los países más ricos como Singapur.

En 2016 tuve el honor de ser nominado por los gobiernos de México y Singapur para representar a México, dentro de 30 países en vías de desarrollo, en el ´Premio Cooperación Singapur´, para la certificación de políticas públicas implementadas por Singapur en los últimos 50 años. Dicha certificación se dividió en 5 ejes: Gobierno y Sistema Político; Educación; Desarrollo Económico; Infraestructura y Medio Ambiente; y Sociedad.

Singapur es un país “muy joven”, pues fue hasta 1965 que logró su independencia, por no decir que Gran Bretaña y después Malasia prefirieron deshacerse de “esa carga”. Singapur era un país muy pobre, atrasado, con altos niveles de corrupción y crimen, una educación y una fuerza laboral poco calificada, un ingreso per cápita inferior a $400 dólares y una tasa de desempleo de casi 15%.

Hoy, 54 años después, Singapur es un ejemplo mundial. Algunos datos:

La economía más competitiva del mundo de acuerdo con el IMD;
El cuarto país más rico del mundo y el que más millonarios produce;
Primeros 10 países que mejor calidad de vida tienen sus habitantes (ONU);
Primeros 10 países más pacíficos del mundo (Global Peace Index).
2do lugar global por facilidad para realizar negocios (Doing Business);
1er lugar en las pruebas de ciencia, matemática y lectura;
3er nación con menos corrupción (Transparencia Internacional);
El país más limpio y verde de Asia.
3er país con la mejor esperanza de vida con 83 años (antes era de 66 años)
Ingreso per cápita es de $64,581 dólares.
Tasa de desempleo promedio del 2.6% en los últimos tres años.

Desde el momento que aterrizas en su aeropuerto, el cual también ocupa el primer lugar en el mundo (Skytrax), te das cuenta del progreso que tiene el país y el cuestionamiento es inmediato: ¿Cómo le hizo Singapur?

Este impresionante proceso de transformación es gracias a Lee Kuan Yew quien, a sus 35 años, se convirtió en Primer Ministro de Singapur en 1959 hasta 1990, y ministro mayor y menor hasta 2011.

Lee, influenciado por sus experiencias personales y académicas en Inglaterra, implementó una serie de reformas a corto, mediano y largo plazo en lo gubernamental, educativo, económico y en lo social, para transformar a su país “del pozo de la miseria” como él mismo lo describió, en un país moderno.

No me centraré en cada uno de los cinco ejes que estudiamos, lo que sí quiero compartir es una breve síntesis del proceso y algunas anécdotas que me marcaron y reflejan claramente la transformación de este país.

Lee Kuan Yew sabía que, a falta de recursos naturales, la mejor ventaja que tenía Singapur era su ubicación, al estar en medio de las rutas de comercialización entre China, India y el sudeste asiático. Lee puso como premisa que su país tenía que ofrecer la mejor fuerza laboral de la región y en el mundo. Invirtió en la capacitación de su capital humano, firmó importantes tratados de libre comercio con China, Europa y Estados Unidos, otorgó incentivos a los inversionistas y algo trascendental, dio certeza a esta apertura internacional, gobernabilidad y estabilidad conformada por instituciones de calidad con una burocracia profesional y capaz; no había cabida para improvisaciones.

¿Cómo combatieron la corrupción? Esta pregunta fue, sin lugar a duda, la primera y la que teníamos todos los presentes. El Primer Ministro de Singapur modificó la legislación para poder convertir la oficina encargada de investigar casos de corrupción de una dependencia membrete y sin empleados, a una dependencia con facultades legales, presupuesto, aumentando su plantilla laboral en un 2,200% (sí, 2,200%) y con la firme orden de investigar y castigar todo acto de corrupción.

No me cabe la menor duda que el combate a la corrupción en Singapur comenzó, creció y se consolidó gracias a la firme voluntad de Lee Kuan Yew. Efectivamente, la lucha contra la corrupción inició por donde debe de iniciar, en el gobierno. Sin embargo, los ciudadanos al ver que las personas que trabajaban en su gobierno eran honestas y además capacitadas, automáticamente empezaron a adoptar este nuevo valor de la honestidad, pero también del esfuerzo y de la capacitación.

Durante los días enfocados en el eje Educación, además de aprender su sistema educativo, tuvimos la oportunidad de recorrer escuelas, institutos nacionales y bibliotecas. Pudimos ser testigos de sus impresionantes instalaciones, en las cuales los estudiantes aprenden con la última tecnología en cada una de las carreras impartidas. Por ejemplo, en medicina practican con robots que reaccionan igual que un ser humano en una operación quirúrgica, en la carrera de robótica los estudiantes se capacitan con aparatos, procesos e ingenieros de Samsung, en el área de turismo el instituto tiene un hotel (real) para que los alumnos aprenden, con huéspedes reales, sobre servicio al cliente, idiomas, administración, cocina, convenciones, etc.

Para terminar el recorrido por el instituto el director del ministerio de educación nos llevó a conocer la biblioteca. El director nos explicó que la biblioteca funciona sin empleados pues cada alumno o ciudadano que necesita un libro utiliza alguna de las máquinas que están ahí, donde la persona escanea el libro y la máquina le señala la fecha de devolución y en el dado caso que no se regrese en el día señalado, el ciudadano paga – en la misma máquina – una multa por el retraso. Posterior a su explicación el director nos preguntó si teníamos alguna duda. Inmediatamente pregunté: ¿Cuántos libros han rayado y cuántos se han robado? “Ninguno”, respondió.

Otra de las cosas que me marcó fue una plática que tuve con un taxista. Después de contestarle lo que me encontraba haciendo en su país, le dije lo impresionado que estaba del mismo. “Nos ha costado mucho tener el país que somos ahora, estamos muy orgullosos de nuestro gobierno”. Era la primera vez que escuchaba a una persona decir que se sentía orgullosa de su gobierno y más importante aún, su comentario – “nos ha costado mucho” – reflejaba que se sentía y comprendía que él también ha sido parte de ese cambio. El singapurense ama a su país, refleja una gran responsabilidad ciudadana y acepta que también le corresponde cuidar su país. No tirar basura, no robar la luz, no evadir impuestos, no robar la señal de la tele, no saquear un negocio cuando hay un huracán o un camión cuando hay un accidente, no grafitear, no pagar mal a los empleados, no discriminar, respetar las leyes, respetar a los demás, etc, Todos estos valores los transmiten a los hijos.

En el eje de gobierno y sistema político, el director del Instituto del Servicio Público nos explicó, entre otras cosas, que para atreverse a participar en política es porque la persona sabe que cuenta con los valores y la verdadera capacidad para desempeñar el cargo. “La política es el más alto honor y la mayor responsabilidad que un ciudadano puede tener”.

El caso de Singapur es motivo de estudio para académicos y especialistas en materia de desarrollo y reducción de la pobreza. Lee Kuan Yew transformó a su país sin improvisaciones.

México no merece gobiernos de dádivas condicionadas, gobiernos que premian más al delincuente que al mexicano que trabaja ardua y honestamente todos los días. México no merece gobiernos que toman decisiones a mano alzada, con personas que desconocen de temas esenciales en toda administración pública y además desprecian la opinión de especialistas. Reducir la pobreza en México no se logrará con discursos que suenan bien, pero con total desconocimiento para verdaderamente lograrlo.

LA EVALUACIÓN Y LA IMPORTANCIA DEL CONEVAL EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

Por Comunicación Social publicado 2019-10-29

POR MARÍA LUISA MALDONADO MONTALVO

«SIN DATOS, USTED SÓLO ES OTRA PERSONA MÁS CON OPINIÓN« WILLIAM EDWARDS DEMING

La evaluación es un elemento que permite pasar del discurso político a la medición y efectividad, indudablemente con metodología e indicadores que demuestren el logro de los resultados y/o impacto, esta acción de evaluar posibilita dar valor al tomador de decisiones en la asignación de recursos, de ahí la importancia para la democracia en el México del siglo XXI, en un país donde existe diversidad de opiniones la combinación de datos con la experiencia del decisor permite pronunciamientos más racionales, durante la transición democrática se crearon organizaciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pieza fundamental en la coordinación de la evaluación de la política social y la medición de pobreza, actualmente tiene un reto dentro del contexto político, en medio del debate de la austeridad y la variedad de actores de los diversos grupos de poder que se contradicen sobre la importancia del CONEVAL y su función, algunos asumiendo solo la perspectiva política cortoplacista sin considerar la evaluación como un ingrediente objetivo y racional para la toma de decisiones a largo plazo.

1. INTRODUCCIÒN

En estos días donde algunos actores políticos realizan conjeturas y proponen la desaparición o reasignación de la función de la evaluación de los programas sociales y medición de la pobreza que actualmente coordina el CONEVAL, a otras organizaciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es crucial cerrar filas y explicar la importancia de la evaluación. Con la intención de reconocer que vivimos en un país con gran variedad de matices y contribuir a un México democrático acorde con las exigencias del siglo XXI.

En 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), el artículo 81 establece la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), encargado de coordinar la función de evaluar la política social, su función es proporcionar resultados creíbles, fiables y robustos, con capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza, que permita mejorar la toma de decisiones, además de generar un conocimiento sobresaliente al gasto asignado del presupuesto, utilizando metodologías y generando resultados útiles; constituye un relevante apoyo a la gestión pública y necesaria para el tomador de decisiones públicas (DOF 25-06-2018)

El fortalecimiento de la función de la evaluación es atribuible a las reformas legales, lo mismo que al cambio político, recordemos que México tránsito de un régimen autoritario a uno de competencia política, la historia nos permite afirmar que es en la pluralidad política donde se activan los pesos y contrapesos, de ahí emergieron la configuración e instituciones a cargo del seguimiento y evaluación de programas sociales. En 2014 se logró la reforma en la que se le otorgó autonomía constitucional al CONEVAL, pero hoy tenemos un gran pesar en vista que nunca llegó la ley secundaria.

2. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN

En los años 50 del siglo pasado, Herbert Simon nos mostró que es indispensable confiar en la racionalidad humana, en la ciencia, en el progreso social, en el desarrollo económico, y tener la convicción de lograr un futuro mejor. En este sentido según Jones “Los problemas públicos que existen en una sociedad son el resultado de lo que la gente percibe como necesario. Algunas personas tienen problemas en común y se organizan y formulan demandas, y las demandas llegan a los que buscan representar al pueblo. (Estévez, 2013). “Los que tiene autoridad para tomar decisiones perciben y juzgan demandas, las decisiones son llevadas a la práctica, y los problemas públicos son afectados por estas decisiones, la gente reacciona a estas decisiones, alguna gente tiene reacciones comunes, las demandas vuelven a emerger, y así sucesivamente”. (Jones, 1977, Berro et al, 2013)

Por lo tanto, el objeto de las intervenciones púbicas es atender un problema o resolver una necesidad que es de interés público. El Estado dispone de recursos que debería ser administrados de manera eficiente y eficaz, Con el fin de optimizar el impacto de las políticas públicas sobre esos problemas. Los gobiernos son responsables de la utilización del gasto público como un instrumento para mejorar las condiciones de sus ciudadanos, de ahí surge que esas intervenciones deberán ser evaluadas. Como argumento William Kelvin “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre “ (Kelvin, 1883).

Dentro de este marco surgió la evaluación de las políticas y programas públicos en los países anglosajones, en estos países existen dos palabras con acepciones sinónimas: assessment (referido a personas) y evaluation (referido a intervenciones, programas, proyectos) esta combinación de palabras son esenciales en un mundo donde los recursos no alcanzan y los indicadores muestran el resultado o impacto de la resolución de problemas, sin embargo en castellano no existe esta diferenciación y solo se utiliza la palabra evaluación término que engloba las dos acepciones, reconocemos a México como un mosaico con una diversidad de problemáticas e igual posibilidad de soluciones.

3. CONCEPTOS

Según Peschard, “las políticas públicas son el conjunto de actividades, organizaciones e instituciones y relaciones de poder que influyen en la sociedad por medio de normas y leyes obligatorias para toda la sociedad. Para la definición de políticas públicas se requiere la participación política, que es la acción de las personas, que lleva a tomar las decisiones relacionadas con el poder y su ejercicio”. (Peschard, 1994)

Citó a Simon, “para resolver problemas no existe ningún secreto, los recursos tecnológicos son herramientas que ayudan en la automatización de la toma de decisiones en la gestión; interceder por reformar los procesos administrativos es defender un control democrático más efectivo sobre la Administración pública, el proceso de presupuesto debe ser un proceso racional, planteando los fines en términos medibles, considerando los niveles y las formas de servicio, además de analizar el tipo y cantidad de recursos que se precisan para conseguirlos, considera una tarea de investigación de gran alcance y dificultad si se pretende que la racionalidad posea un papel significativo, los problemas no pueden tener solución solo en base a juicio o solo a través de la experiencia, ya que estos suelen ser conjeturas” (Farr et al, 1999)

Desde esta perspectiva el diseño de las políticas y programas públicos procede de la identificación puntual acerca de las situaciones que intenta transformar, sus causas y efectos, la población objetivo o área de enfoque a los que va dirigido; La evaluación como una herramienta que permite evidenciar los resultados esperados, los medios para lograrlo y los elementos a través de los cuales operará; donde se puede identificar que los resultados tienen el impacto esperado y justificar que son capaces de alcanzar el propósito para el cual fueron creados, motivo por lo que la asignación de recursos fue una decisión racional.

“La evaluación se ha entendido como un medio para evidenciar los resultados o el impacto que genera una acción o conjunto de acciones. En el sector público, la evaluación se vincula a la identificación de las transformaciones generadas a partir de las políticas y programas públicos” (Ballart, 1993). La evaluación es un mecanismo multidisciplinar en el análisis de las políticas públicas y tiene como finalidad la apreciación de: la eficacia, eficiencia e impacto de los programas o políticas públicas, está se realiza en momentos concretos, evidentemente definidos de una intervención. Con esto, se busca valorar la pertinencia del elemento evaluado del programa o política, es fundamental que a fin de que las evaluaciones sean objetivas, deben ser llevadas a cabo por agentes y/o actores externos o ajenos a la implementación de la política o programa público. (CIDA, 2004).

“La política social se define como el conjunto de objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado se dirige a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la equidad y la integración social, explora el contexto social, ideológico, económico e institucional en el cual el bienestar es producido, organizado y distribuido con el fin de garantizar el acceso de quienes carecen de recursos; el aseguramiento de individuos, familias y grupos contra determinados riesgos; y la protección a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad específicas”.(Rico de Alonso y Delgado, 2002).

4. ¿POR QUÈ EVALUAR?

A las administraciones públicas se les asignan recursos (presupuesto) que suelen ser limitados, el criterio de máxima eficacia-eficiencia debe prevalecer en la acción pública y la evaluación coadyuba en la generación de evidencias para el aprovechamiento de esta valoración. Por lo tanto, se muestra como variable primordial en la rendición de cuentas y en el reforzamiento democrático, también como como una figura para guiar el gasto público a la atención del problema o necesidad que le da sentido, con los objetivos definidos en la respectiva etapa de planeación y tener la certeza de si se están alcanzando, por lo que permite constatar y recopilar información notable y útil para el proceso de toma de decisiones. Dicha utilidad observada está vinculada a los intereses, incentivos y motivaciones de los distintos actores involucrados.

Utilizando un ejemplo burdo con la intención de ilustrar una problemática. Si un usuario busca dar solución a un problema de comunicación y considera que es a través del servicio de telefonía móvil, seguramente llevara a cabo una evaluación que le permitan medir o valorar con antelación el impacto de su decisión, considerando criterios de juicio. Pero ¿Quiénes serán los actores afectados? ¿Cuáles serán las actividades y elementos para considerar antes de adquirir un teléfono y/o contratar un plan de telefonía móvil?, ¿Quiénes puede ayudar en la toma de decisiones o debe ser una decisión personal? ¿Qué indicadores medirán la efectividad de comunicación?

En primer lugar, considerar a los actores emisor-receptor y después tendrá varias opciones, pero podría partir del análisis de las características técnicas y físicas del aparato, la disponibilidad de artículos en el mercado, incluir los planes disponibles y/o la diversidad de productos ofrecidos; probablemente tendrá restricciones como el presupuesto (costo) y el tiempo (duración del contrato). También será trascendente evaluar la implementación de la solución: si cumple con el proceso de comunicación, también durante el tiempo del contrato, tendrá que considerar posibles ajustes como la flexibilidad en la contratación (tiempo y/o plan), además la posibilidad de la renovación o cambio de aparato será relevante.

La cancelación anticipada es primordial en caso de no cumplir con el resultado y/o impacto esperado. Sin duda el actor principal será él decisor, puede optar por conjeturas o considerar variables que le permitirán una decisión racional, tomar en cuenta a las personas que se verán beneficiadas o afectadas con la decisión, considerar la opinión de expertos, de otros usuarios y considerar aún en menor medida por el posible conflictos de interés la opinión de las empresas que proporcionan el servicio.

Puede usar herramientas (matrices) para la toma de decisiones e indicadores para evaluar el servicio y medir la efectividad en la comunicación. Ciertamente también podría evaluar el diseño de la solución y rediseñar si fuese necesario el plan de comunicación, además evaluar la implementación es decir evaluación de procesos y al finalizar el contrato, con la intención decidir si continua con el servicio, medir y analizar el resultado y el impacto en la solución del problema, conocida como evaluación de resultados e impactos, seguramente usted podría implementar otra solución a esta problemática y lo relevante es la efectividad de la comunicación.

En la evaluación de programas y/o políticas públicas existen tipologías y dependerá de lo que se desea evaluar.

Los siguientes son criterios de juicio de valor para determinar que se quiere evaluar: Referentes: Estándar, eficacia, cobertura, eficiencia, pertinencia, viabilidad, y Otros: Sostenibilidad

Existen fundamentos de juicio de valor en la evaluación como son:

Interpretaciones: explicaciones sobre los hechos y datos.

Juicios: Valoraciones acerca de los hallazgos y sus interpretaciones

Recomendaciones: sugerencias sobre posibles líneas de acción. (Vínculo formal entre una evaluación y su uso)

Hallazgos empíricos. Hechos datos e información que se recoge.

5. EL CONEVAL

El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas (CONEVAL, 2019).

Responsabilidades:

Definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades.
Evaluación de políticas y programas sociales
Publicaciones institucionales: La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza.” (CONEVAL, 2019).

El CONEVAL desarrolló metodologías reconocidas a nivel nacional e internacional, la tarea asignada es de gran relevancia, ciertamente como en todas las funciones áreas, procesos y metodologías existe la posibilidad de mejora continua, pero sin lugar a dudas es de vital importancia su permanencia.

6. CONCLUSIÓN

En conclusión la evaluación de las políticas públicas tiene la característica de utilidad y practicidad, son una herramienta que puede ayudar a diseñar y rediseñar la política social, mejorar los procesos o medir los resultados e impactos. Dependerá de la evaluación realizada y los fines para los que realice, no debemos olvidar que todo es perfectible, en aras de fortalecer la democracia y la rendición de cuentas. Es esencial la existencia del CONEVAL, y fomentar la cultura de la evaluación no solo de la política social sino de todos aquellos programas y políticas públicas en los que se destinan recursos públicos con el monitoreo y evaluación se pueden medir los avances en la disminución de la pobreza para verificar la efectividad y así tomar decisiones que permitan visualizar las soluciones desde otras perspectivas, al reconocer que todo es perfectible y existe la posibilidad de mejora basado en datos y como consecuencia la percepción de los ciudadanos será de un bien vivir.

Recordemos que el México del siglo XXI enfrenta retos y necesita de la pluralidad política para activar los pesos y contrapesos. Usar la evaluación como una herramienta por los diversos actores políticos para incidir en la toma de decisiones, la distribución del presupuesto con la búsqueda de orientar el gasto público, así como robustecer la cultura de la evaluación, fortalecer organizaciones con capacidades suficientes para evitar la ocurrencia.

“El camino andado resulta insulso si no se destina para andar mejor los que se asoman” (Martínez, 2013) y Citó a Habermas “La relación entre ciencia y praxis descansa, al igual que la existente entre teoría e historia, sobre una estricta diferenciación entre hechos y decisiones: la historia tiene un sentido en tan escasa medida como la propia naturaleza y, sin embargo, mediante una decisión adecuada podemos dárselo, intentando una y otra vez, con la ayuda de técnicas sociales científicas, que éste se imponga y prevalezca en la historia” (Mardones, 1991).

Referencias Bibliográficas

Edwards Deming, William, (1994) The New Economics for Industry, Government, Education, Massachusetts Institute of

Technology, Center for Advanced Engineering Study.

Diario Oficial de la federación (2018). DOF 25-06-2018).

Estévez, Alejandro (2013) El modelo secuencial de políticas públicas treinta años más tarde.

https://studylib.es/doc/4877615/el-modelo-secuencial-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-treinta-a%C3%B1os-m…

Jones, Charles O (1977). An Introduction to the Study of Public Policy, Ed. North Scituate, mass Duxburry Press 2^nd. Edition.

Berro, Mariano, Barreiro Fernando, Romano Claudia, Menéndez Walter (2013) Políticas Públicas Guía Didáctica Ed. Unión Europea.

Simon, H. A. (1955). “A Behavioral Model of Choice”, Quarterly Journal of Economics.

Simon, Herbert A. (2001) “¿Por qué la administración pública?”, Revista Economía Institucional, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

Estrada Gallego, Fernando HERBERT A. SIMON y La Economía Organizacional. Cuadernos de Economía, vol. XXVI, núm. 46, enero-junio, 2007, Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia.

Peschard, Jaqueline (1994) La cultura política democrática Ed. Instituto Federal Electoral, 1994.

Farr, James. John S. Dryzek, John S. Leonard Stephen T. (1999). La ciencia política en la historia. Madrid, España. Ediciones Istmo.

Kelvin, William Thomson (1883) Lecture on «Electrical Units of Measurement» (3 May 1883), published in Popular Lectures Vol I.

CIDA (2004). CIDA Evaluation Guide. Ottawa.

Rico de Alonso, Ana. Delgado, Adriana y otros. ( 2002) Familia, Bienestar y Políticas sociales – Un estado del arte. Documento Preliminar de consultoría al DABS. Febrero 15. Bogotá, Colombia.

Roth, A. N. (2008). Perspectivas para el análisis de las políticas públicas: ¿de la razón científica al arte retórico? Revista Estudios Políticos, (33), 67-91. Recuperado de http://www.redalyc. org/articulo.oa?id=16429061004.

Lindblom, Charles Edgard (1991). El proceso para elaboración de las Políticas Públicas. Ministerio para las Administraciones Publicas. España. Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.

Martínez Espinoza, Manuel Ignacio (2013) Una propuesta de modelo para la evaluación de los proyectos de cooperación al desarrollo basado en el análisis de políticas públicas.

Mardones, José María(1991) Filosofía de las ciencias humanas y sociales: materiales para una fundamentación científica , Anthropos Editorial.

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/Informe_ASM_2018-2019.pdf

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Paginas/Publicaciones-sobre-Medicion-de-la-pobreza.aspx

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Por Comunicación Social publicado 2019-10-29

POR JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNÁNDEZ

Es un profundo honor tener la oportunidad de encabezar los esfuerzos del Partido Acción Nacional en San Luis, en la celebración de sus 80 años de historia. Estamos comprometidos con un trabajo fundamentado en nuestros principios de doctrina, en acompañar a los gobiernos y funcionarios emanados de Acción Nacional para lograr gobiernos honestos y cercanos a la ciudadanía y que respondan a sus necesidades. Entendemos esta responsabilidad y la asumimos.

Bien lo decía el fundador del partido Don Manuel Gómez Morín: “No estamos para llegar, para arribar en ningún sentido; estamos para ser. Para ser, cada uno de los hombres de Acción Nacional, de México, no unidad indiferenciada de una masa homogénea, sino lo que su más verdadera y valiosa naturaleza reclama”.

Es en este sentido que trabajamos comprometidos en la búsqueda del diálogo y la unidad para construir lo mejor para el partido, lo mejor para México.