Vivimos en una época en la que la palabra transformación se ha convertido en lugar común. Ha sido tomada como bandera que intenta reunir las legítimas exigencias de combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, seguridad, etcétera, en un constructo que se ha vendido como una barredora que cimbrará el sistema para ahuyentar (en una puesta en escena mágico-cómica) las oscuras fuerzas del antiguo régimen.

Lo que es posible advertir sin embargo, son las profundas inconsistencias en el discurso (“lucharemos contra la corrupción” vs “no soy vengativo”) y la incongruencia que exudan desde su arraigado origen pre transformacional  (solo basta leer acerca del Director de la CFE quien una vez más se ha visto envuelto en un escándalo que a todas luces evidencia la falta de probidad de los emblemas de este sistema que pretendía tumbar al anterior).

Dice Zygmun Bauman “Los primeros sólidos que debían disolverse y las primeras pautas sagradas que debían profanarse eran las lealtades tradicionales… Para encarar seriamente la tarea de construir un nuevo orden (¡verdaderamente sólido!), era necesario deshacerse del lastre que el viejo orden imponía”.

La situación es que en lugar de disolver dicho lastre, rescatan la política más rancia que ha visto este país. La polarización, las prebendas, los privilegios, la dádiva paternalista, el desprecio por las instituciones, la medición y los mecanismos, se vuelven ahora un asunto en el cual entra todo a criterio del (otra vez) figura de un caudillo con halo incuestionable (so pena de linchamiento social y en redes de quienes no creen que el señalar y cuestionar es parte de la democracia). El espejismo de la  disolución de los sólidos no es sino una descarada afirmación del status quo en el sedimento de estos.

A 80 años de su fundación, Acción Nacional tiene la responsabilidad histórica que tuvieron sus fundadores, en un entorno como en el que nos encontramos, la profunda reflexión sobre esta realidad no es pérdida de tiempo, es por el contrario condición necesaria para asumir el legado histórico que tenemos, con las convicciones de nuestros ideólogos, que sustentan el trabajo de nuestros gobiernos y que fundamentan nuestra propuesta, con el ejemplo de miles de hombres y mujeres que han sido ejemplo de liderazgo y trabajo permanente, e incluso de los errores que se han cometido, que nos obligan a retomar rumbo.

Acción Nacional inició con un grupo de jóvenes que creían en las Instituciones, en el respeto a la eminente dignidad de las personas centro de los derechos humanos y  en la participación ciudadana como vehículo para la búsqueda del bien común.

Continuaremos por tanto en la convicción del diálogo y la unidad, valorando y apoyando la participación de ciudadanas y ciudadanos que estudian, se organizan y aportan en las organizaciones de la sociedad civil, escuchando a quienes no tienen acceso a ser escuchados, haciendo frente a la toma de decisiones autoritaria que atenta contra la república y la democracia, comprometidos en fin,  al igual que la generación de 1915 en la búsqueda de una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos.

La inseguridad pública que el día de hoy padecemos, es multifactorial, debido en primera instancia, a la falta de valores en la niñez y juventud, como consecuencia de la salida de los padres del hogar al trabajo, al tener que tratar de subsistir con el salario mínimo, dejando la educación a los abuelos, maestros, en el mejor de los casos; en segundo a la colusión de la delincuencia del fuero común con la delincuencia del crimen organizado; una parte importante también lo es, que la prevención del delito se ha dejado de atender, sin tomar en consideración que la prevención en la seguridad pública es un derecho humano, que es el medio para lograr la satisfacción de otros derechos y libertades básicas de las personas

 

Paralelamente,  a los altos niveles de violencia en nuestro país, existen también altos índices de marginación y pobreza, casi el 66 % de la población se encuentran en marginación y pobreza, es decir no tienen acceso a la educación superior, sus carencias en salud y esperanza de vida, es por ello que resulta inevitable la correlación entre delito y pobreza.

 

Según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas del 2014, el 85.9 de las perso nas en prisión, un mes antes tenían trabajo de baja calidad, y con el dato casi en común no haber superado 12 años de escolaridad, es decir, estudiaron hasta la educación básica (secundaria).

 

La seguridad pública es una función exclusiva a cargo de la Federación, es decir, del Presidente de la República, a los gobernadores(estados) y alcaldes(municipios), les corresponde la prevención de los delitos.

 

La seguridad pública comparte la naturaleza de los derechos sociales pues su fin no se limita a la lucha contra la delincuen cia sino que hay que crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.

 

De acuerdo con las Naciones Unidas, la prevención del delito como parte de la seguridad pública debe de aplicarse de manera efectiva con coordinación entre los distintos órdenes de gobierno donde las comunidades más pequeñas dispongan de efectivos policiacos, compaginadas con políticas sociales de inclusión, sobre todo laborales, respuestas policiacas diferenciadas, dependo de la realidad del espacio local y con la participación activa de la comunidad.

 

Así en su informe para 2016, del grupo Multidisciplinario World Justice Projet, ubica a México en el lugar 88 de 113, respecto de la vigencia del estado de derecho y en Latinoamérica lo pone en el lugar 24 de 30.

En el informe de la Comisión de Derechos Humanos en 2016, señala  que, las autoridades más señaladas como violatorias de derechos y libertades han sido la Comisión Nacional de Seguridad con 51 denuncias; la entonces PGR con 27 denuncias y la SEDENA con 18.

 

De ello, es indispensable la articulación de los modelos preventivos del delito como forma de anticiparse eficazmente a la gestación de la violencia, pero sobre todo el trabajo de colaboración entre autoridades y ciudadanos.

 

No obstante ello, y a pesar de que, la violencia se ha incrementado exponencialmente no solo en el estado sino en el país, la Presidencia de la República, responsable de la seguridad, en el Plan Nacional de Desarrollo, solo le mereció unos párrafos la exigencia de seguridad, ya que, al plasmar “Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades:

a.)-  restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales;

b.)- recuperación del principio de reinserción social; fin de la “guerra contra las drogas” y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones;

c.)- impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial.

 

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por el Senado de la República, establece los siguientes objetivos:

2.- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar

 

Si bien es cierto, son buenas intenciones que en eso quedan, si pretende el ejecutivo quitar prohibiciones en materia de seguridad pública que van desde no detenciones, la legalización de la marihuana, que abriría la puerta para la legalización de drogas sintéticas, que son las más letales en los consumidores, ello aunado a que la Guardia Nacional carece de un espectro normativo, el cual retrasara su conformación y accionar  aproximadamente en 10 años, de acuerdo a personas encargadas de la puesta en marcha

 

Concibe el Gobierno Federal que la prohibición al uso de ciertas drogas, (“La “guerra contra las drogas”) debe de traer aparejado por el  problema de salud pública hasta convertirlo en una crisis, la renuncia  del Estado a su combate, y dedicarse a mantener el control de quienes ya las padecen, mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica, lo que aparejado puede generar en una crisis de seguridad pública, lo anterior con el argumento que la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas, reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU, espectro que desde mi punto de vista habría que revisar dado que renunciar el Estado al combate de las drogas por el solo hecho de darle “seguimiento personalizado” es renunciar a que el resto de los ciudadanos tengan una seguridad pública, porque al no combatir los cárteles estarán en las calles ofreciendo su “mercancía”

 

No obstante, la llamada nueva estrategia de seguridad pública de este gobierno, el índice delictivo sigue en aumento, en San Luis Potosí, en el primer cuatrimestre del año 2019, tenemos de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hay 16,343 denuncias; 310 homicidios, 154 homicidios dolosos; 1663 denuncias por lesiones; 8 Feminicidios; 13 secuestros; 194 violaciones; 5,127 robos; y un delito que nos manifiesta la descomposición que tenemos como sociedad, es el de violencia familiar que alcanzamos las 2,405 denuncias.

Hoy, como estado, estamos en los tres primeros lugares, de violencia, no logramos salir de los primeros cinco lugares en violación.

 

Los tres niveles de gobierno tienen como obligación coordinarse en bien de los ciudadanos, con la prevención de los delitos, ya que, aumenta la justicia por su propia mano de los ciudadanos y ello es ante el vacío de las autoridades.

A finales de mayo el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció un arancel del 5% a México como castigo por la inmigración ilegal, señalando que el gravamen afectará a todos los productos a partir del 10 de junio y que éste, podría escalar hasta el 25% si la Casa Blanca considera que nuestro país no toma medidas contundentes para frenar a los migrantes que no tienen papeles, que prácticamente son todos.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador contestó con una carta, en la cual destacó 5 puntos claves:

 

Explicando que ante cualquier problema grave siempre se tiene que recurrir al diálogo y a la responsabilidad.

 

Aludiendo a que por medio de una imposición no será posible solucionar un conflicto social.

 

Enfatizando que ante cualquier nación y ante cualquier conflicto, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales.

 

Detallando que la política se inventó para evitar la confrontación y la guerra.

 

Anteponiendo el ideal de la no violencia para evitar siempre las controversias y enaltecer las soluciones pacíficas.

 

El Presidente Trump fiel costumbre, le respondió a López Obrador a través de un mensaje en Twitter en donde en pocas palabras, dice que “México se ha aprovechado de Estados Unidos” y aparte culpa a los demócratas de las débiles leyes migratorias de Estados Unidos. Lo cual representa un claro ejemplo de la estrategia y pugna electoral que tiene en contra de sus rivales políticos

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El pasado 7 de Junio, los gobiernos de México y de los Estados Unidos se reunieron en Washington con la finalidad de llegar a acuerdos en dos rubros fundamentales: aranceles y migración.

 

En cuanto al tema migratorio se acordó lo siguiente:

 

– Reducir la migración irregular, mediante controles migratorios que incluyen el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en toda la frontera sur.

 

– Instrumentación de la sección 235, lo cual se refiere a que todas las personas que crucen la frontera sur de los Estados Unidos, inmediatamente serán retornadas a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo; señalando que para los migrantes, México ofrecerá oportunidades laborales, acceso a la salud, educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como la protección a sus derechos humanos.

 

– Temporalidad, ambas partes acordaron que en caso de que las medidas adoptadas no tuvieran los resultados esperados, se tomarían medidas adicionales, estableciendo un lapso de 90 días (3 meses) para concluir y anunciar los resultados; pero, por igual, también se estableció  un lapso de 45 días (1 mes y medio) para efectuar una primera evaluación y analizar si los acuerdos en la práctica han tenido éxito.

 

Derivado del acuerdo bilateral se desprende lo siguiente:

 

 

 

Contexto real y actual de nuestro país con respecto a la migración:

 

 

 

 

 

En San Luis Potosí, por ejemplo, no tenemos la capacidad para contar con médicos de planta que atiendan a las y a los extranjeros, teniendo que recurrir a pasantes de medicina que efectúen su servicio social.

 

La situación migratoria es un tema que a la LVII Legislatura de San Luis Potosí nos debe preocupar y ocupar, ya que por parte de las autoridades municipales se pretende instalar un Centro de Transferencia de Migrantes, los cuales sirven para transferir a todos aquellos asegurados por el Instituto Nacional de Migración dentro de la frontera sur. Con ello, estarían llegando a nuestro estado cerca de 500 migrantes cada 2 o 3 días.

 

 

 

Al Presidente Municipal de la capital Xavier Nava Palacios, al Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y a los representantes del Gobierno Federal en San Luis Potosí, Gabino Morales y Yolanda Camacho la Delegada Federal del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, para que no permitan la instalación de este centro de transferencia de Migrantes en tierras potosinas por lo siguiente:

 

 

Ojalá y en la medida de lo posible, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales se den cuenta de la magnitud del problema que se avecina para nuestro país, al no tener una planeación presupuestal y social dentro de los procesos que conlleva una política migratoria.

 

Las consecuencias de no tener garantías pueden desembocar en un sinfín de problemas sociales, de acceso a la salud, de educación, seguridad pública y de derechos humanos.

La reforma educativa aprobada en el Congreso de la Unión es un cambio sustancial que tanto en fondo como en forma contiene avances importantes pero que al final y a partir de la decisión unilateral de Morena de pactar con la CNTE perdió mucho de su valor.

 

Para empezar, es importante que se sepa que de la iniciativa del presidente de la República quedó muy poco. Eran 17 iniciativas dictaminándose conjuntamente en parlamento abierto y los mayores logros y avances provinieron principalmente de la iniciativa que presentó la oposición junto con el colectivo Red Educación Derecho (RED), integrado por especialistas, académicos e investigadores de instituciones tanto públicas como privadas.

 

A partir del conjunto de iniciativas y del debate abierto se elaboró un dictamen inicial, que fue redactado y consensado por todas las fuerzas políticas y por todos los actores del sistema educativo: especialistas, maestros, académicos, organizaciones de la sociedad civil e incluso estudiantes. Se quitaron los errores que venían de la iniciativa presidencial como la eliminación de la autonomía universitaria y de la educación inicial. Se impulsaron y se lograron incluir otros temas; aspectos trascendentes como la igualdad sustantiva, la educación superior y especial, la educación pluricultural y plurilingüe y el acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología. El dictamen cambiaba la palabra calidad por la palabra excelencia, pero no cambiaba el objetivo de mejora continua, dejando en el centro de todo el sistema educativo el interés de las niñas, niños y jóvenes de México.

 

Ante el consenso de todas las fuerzas políticas y de todos los actores involucrados el dictamen fue turnado al pleno, pero el día que se votaría en la Cámara de Diputados, la CNTE tomó las instalaciones. Entre la fortaleza de los sindicalizados y la debilidad del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, se canceló la sesión y lo mismo sucedió las dos sesiones posteriores, en un hecho inusitado para el Congreso mexicano.

 

Durante esos días hasta el presidente de la República, en un claro atropello a la autonomía con la que se deben conducir los Poderes dentro de una democracia, opinó que los diputados no debían sesionar en una sede alterna y que se debían alcanzar consensos con la CNTE. No está de más mencionar que la alianza electoral con la CNTE es de Morena y de López Obrador; ni los partidos de oposición, ni los académicos, ni los estudiantes tienen que ver con eso y el dictamen fue modificado para que, en un evidente retroceso histórico, se abriera la puerta para que regresara el control de las plazas a los sindicatos y se cumpliera con la alianza electoral entre el presidente López Obrador y la CNTE.

 

La prueba está en el párrafo octavo y en el apartado décimo sexto transitorio del decreto, donde se emplea la terminología utilizada en el Artículo 123 Apartado B y se equiparan los criterios de promoción y reconocimiento laboral con los estipulados en la ley reglamentaria de dicho artículo, abriendo la posibilidad de interpretación para que regrese el escalafón corrupto de las comisiones mixtas, donde el 50% de las plazas son controladas por el patrón y la otra mitad por el sindicato.

 

LOS DAMNIFICADOS DE LA LEY

 

Los damnificados son los estudiantes que una vez más se quedaron detrás de los intereses laborales en el sistema educativo y también los buenos maestros porque se abre la posibilidad de que su estatus laboral quede sujeto a criterios de los líderes sindicales. Lo que aprobó Morena fueron los acuerdos a los que llegó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no los cimientos del proyecto educativo que tanta falta le hace al país.

 

La CNTE no hizo propuestas durante los procesos de dictaminación y de Parlamento Abierto en los que todos los actores presentaron sus preocupaciones y sus propuestas, tampoco habló de educación ni de mejoras al sistema educativo, su batalla fue en las calles y con el único fin de que les regresara el control de las plazas. Morena cedió y evidentemente pactó a espaldas de los mexicanos. Les pagó a sus aliados electorales el apoyo electoral abriendo la puerta a la venta y tráfico de plazas y dejando claro que la razón para este gobierno está más cerca del chantaje electoral que de la mejora de México.

 

¿Y EL PRESUPUESTO?

 

Por otra parte, la reforma tiene otro gran problema de raiz que podría terminar con ella incluso antes de ser implementada: no se conoce su impacto presupuestal ni su viabilidad financiera.

 

En el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se deja claro que es obligación del Ejecutivo Federal presentar el estudio de impacto presupuestario y en una reforma en la que el Estado adquiere nuevas obligaciones que cubrir es indispensable que se calculen los costos.

 

Hablar de una reforma educativa no debería involucrar hablar de quién o quiénes controlan las plazas laborales. En cualquier país civilizado se da por sentado que serán los más competentes los que tengan los puestos y una reforma educativa sería sobre objetivos, contenidos y alcances de la educación. Sin embargo, en el México de la “Cuarta Transtornación” es el control de las plazas el centro de la reforma educativa y además, ni siquiera sabemos qué alcances tendrá, porque no sabemos si el Estado podrá asumir los costos de lo que se propone en la reforma.

 

Lo bueno queda opacado en el territorio de lo turbio y en un proceso desaseado, con pactos a espaldas del Congreso y sin siquiera dar a conocer con antelación las modificaciones al dictamen Morena aprobó sus pactos con el voto en contra del PAN. No puede existir virtud alguna en lo que se pacta de espaldas a los mexicanos y en donde se entrega el sistema educativo a intereses laborales.

 

Es curiosa la apuesta de Morena porque mientras el presidente López Obrador presume la cantidad de afiliados a los programas sociales clientelares, se deja la educación en manos de aquellos que la convirtieron en un agencia de colocación de empleados y descuidaron por completo la calidad educativa y a los niños y jóvenes. No hay testimonio de un solo país que haya salido de la pobreza con los métodos clientelares a los que apuesta Morena y sin embargo, prácticamente todos los ejemplos que existen sobre países que superaron la pobreza están directamente relacionados con el cuidado e inversión en el sistema educativo y la economía del conocimiento.

1. La promoción constante de las formas reactivas hacia las instituciones. (“¡Qué se vayan al diablo con sus instituciones!”).
2. La idea de que el líder puede estar mucho más cerca de la gente que los demás políticos y las instituciones, porque es parte de ella. (“Yo ya no me pertenezco, ya soy de la nación”).
3. La decisión de fincar todas las esperanzas sobre el espejismo de las masas. (“El pueblo es bueno y sabio. El pueblo no se equivoca”).

1. La idea de comunidad en el centro, en reemplazo del individuo.

2. El carácter apolítico (o antipolítico) dado que se inspira en valores sociales antes que políticos y considera una mejor democracia a la que cumpla con esos valores sociales, aunque se trate de un autoritarismo despiadado.

3. Una aspiración de regeneración basada en la voluntad de devolver al pueblo la centralidad y soberanía que le fueran supuestamente sustraídas.

4. La pretensión de trasplantar valores de un mundo idílico del pasado a la situación actual.

5. La vocación de dirigirse a la totalidad o a la mayoría del pueblo, separando al resto como antipueblo.

6. La tendencia a emerger en un momentum populista, cuando las sociedades se encuentran en fases convulsionadas de transformación, modernización y disgregación.

La sensación de inseguridad que vive una persona a consecuencia de hechos delictivos que le rodean, es uno de los peores temores; pues no sólo se experimenta ante la ola delictiva el ser protagonista de un episodio que ponga en juego su vida, también es la angustia de que sus hijas e hijos, o un integrante de la familia lo sufra en carne propia.

8 de cada 10 potosinos experimentan a diario esta sensación; viven con el temor de que a manos de la delincuencia pierdan un patrimonio que les ha costado mucho esfuerzo y dedicación; por ello, el Partido Acción Nacional ha realizado un llamado a las autoridades responsables de la seguridad de los ciudadanos a efecto de redoblar esfuerzo ante los criminales, ya que la prevención del delito es una de las políticas publicas mas importantes que debe de tener cualquier gobierno, para así garantizar y brindar seguridad en materia de prevención del delito a sus gobernados.

Ante la falta de respuesta que se ha tenido en este sentido; algunos funcionarios, de manera irresponsable han intentado evadir el tema, e incluso, por ahí se escucharon algunas voces tratando de minimizar esté llamado; el cual no fue para agarrar como bandera política, ya que la materia de seguridad nos interesa y nos importa a todos los ciudadanos.

Acción Nacional no va a bajar la guardia en esta lucha por conseguir que quienes son responsables de garantizar la seguridad de las y los potosinos hagan su trabajo, o se vayan.

Las cifras son claras, y tan sólo manejaremos en este espacio unos datos sobre los delitos cometidos en el primer trimestre del 2019, en el que se han registrado 11 mil 956 delitos del fuero común (Enero 3750; Febrero 3852; Marzo 4354)

En marzo se han registrado 4 mil 354 delitos, de los cuales destacan los feminicidios que han sido 8 en los primeros tres meses.

Estos casos de feminicidio, junto a los registrados el año pasado han dejado un saldo de 19 menores en situación de orfandad, lo cuales se han registrado en distintas zonas del Estado, según informó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Los datos arrojados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también son alarmantes, pues han sido 163 delitos contra la libertad personal, 326 contra la libertad y la seguridad sexual, 6 mil 015 contra el patrimonio, mil 841 contra la familia, 7 contra la sociedad y 2 mil 148 relativos al narcomenudeo, amenazas, falsificación, etc.

Y desde octubre del 2015 hasta marzo del 2019 San Luis Potosí se presentaron 2 mil 663 víctimas de asesinato en la entidad, quedando la cuenta de feminicidios en los últimos tres años y medio es de 69 casos.

Es muy fácil desestimar el llamado que respetuosamente estamos haciendo al Gabinete de Seguridad, al Fiscal General y al propio Gobernador del Estado, pero nuestra responsabilidad es insistir en que las y los potosinos están cansados de la falta de capacidad y de voluntad de quienes están a cargo de la responsabilidad para dar resultados.

Hoy de nueva cuenta queremos hacer un llamado al Gobernador, a su Secretario de Seguridad Pública y al Fiscal General, para que tomen acciones concretas; que cambien la estrategia o que se vaya quien se tiene que ir por no dar resultados.

Con la seguridad de las y los potosinos, no se puede ser indolente, esté es momento de actuar, y los invitamos a alzar la voz.